Familiares y amigos de presas y presos políticos vascos relataron ayer, en Iruñea, experiencias vividas en las últimas semanas que reflejan el acoso al que están siendo sometidos los allegados.

Mattin Troitiño e Isabel Amezketa, de Etxerat, recordaron que en lo que llevamos de 2011 se han registrado seis accidentes de tráfico y que, desde que se puso en marcha la dispersión hace 22 años, esta cifra se eleva a casi 400 siniestros, con un balance de 16 muertos.

Por ello, hicieron un emplazamiento a la sociedad vasca a que este verano participe en la dinámica en defensa de los presos políticos, destacando que los efectos de la dispersión no afectan sólo a ellos y sus allegados, sino al conjunto de la sociedad vasca, ya que son miles de ciudadanos lo que se ven obligados a circular miles de kilómetros cada fin de semana.

Ante esta situación, reiteraron que la dispersión debe terminar y que los presos tienen que estar cerca de sus casas.

Txarli Landa, uno de los conductores de Mirentxin, el colectivo que transporta a familiares a las prisiones, explicó que el acoso ha ido en aumento. Comenzaron identificándoles en los aparcamientos de las cárceles y, posteriormente, han sufrido seguimientos desde las prisiones e identificaciones en los hoteles donde pernoctan, impidiéndoles conciliar el sueño. «Es algo peligroso porque, tras conducir cientos de kilómetros, tenemos que descansar para poder hacer el viaje de vuelta a Euskal Herria con seguridad», comentó

La abogada Garbiñe Gómez explicó que Olatz Abadia, compañera de Iñigo Gutiérrez, encarcelado en Puerto de Santa María, fue juzgada el lunes en Cádiz por negarse a seguir siendo palpada durante un cacheo al que se le sometió para poder acceder a un vis a vis tras recorrer 1.100 kilómetros.

Abadia decidió inicialmente acceder al cacheo, pero hubo un momento en el que la funcionaria metió la mano debajo de su sujetador tocándole los pechos, ante lo que la joven vizcaina decidió decirle que parase e interponer una denuncia. La reacción de la funcionaria fue denunciar a su vez a Abadia, diciendo que había sido empujada y agredida. A pesar de que otros familiares de presos, algunos vascos y otros no, testificaron que no se había registrado ninguna agresión, el proceso continuó y la Fiscalía acusó a Abadia de un delito de atentado, castigado con entre uno y tres años de cárcel, aunque finalmente «redujo» la petición a resistencia a la autoridad y lesiones -sin que exista parte alguno-, con una petición de once meses de prisión.

Gómez definió el juicio como «surrealista, inaudito e indignante» ya que, a pesar de que la ley no prevé que los familiares tengan que ser sometidos a este tipo de cacheos y que no existía ninguna prueba de que la agresión se hubiera producido, el proceso continuó adelante y la petición fiscal se mantuvo.

Según señaló telefónicamente la propia Abadia a GARA, aunque en estos momentos la situación en Puerto de Santa María ha mejorado, durante meses la realización de cacheos ha sido permanente. Algunos familiares se negaron a esta práctica, por lo que perdieron las visitas. Abadia, en una ocasión, después de llevar tres meses sin visita, decidió someterse al cacheo.

Y el temor a perder la visita

Por su parte, la compañera de Miguel Ángel Llamas, Pitu, vecino de Noain, relató el accidente que sufrieron el pasado 18 de junio cuando regresaban de una visita en Valdemoro.

A la autocaravana en la que viajaban la compañera, la hermana, el cuñado y dos sobrinas de Llamas se le reventó una rueda cuando circulaban por una carretera de Soria. Afortunadamente, pudieron hacerse con el control del vehículo y, más allá del estado de shock que sufrieron las niñas, los ocupantes resultaron ilesos. «Afortunadamente, más allá del coste económico, no sufrimos daños físicos, pero fue grave. Nos pasó lo que nos pasó porque viajamos cientos de kilómetros cada fin de semana para ver a nuestros familiares, que tendrían que estar en casa», añadió.

Haizea Rodríguez, compañera de Bergoi Madernas, preso en Soto del Real, explicó que hace tres semanas toparon con un control de la Guardia Civil cuando se dirigían a la visita. Les identificaron y les cachearon a pesar de que tenían plena constancia de quiénes eran. «El cacheo no duró mucho, por lo que pudimos llegar a la visita. Ése era nuestro principal temor, que después de hacer cientos de kilómetros perdiéramos la visita por el control al que nos habían sometido», añadió Rodríguez.