El movimiento en los pasillos de la Audiencia Nacional, y quién sabe si también en los del Gobierno, puso punto final a la séptima jornada del juicio a ocho militantes de la izquierda abertzale por su apuesta política. Después de que el principal experto policial dejara en entredicho su propia tesis en cinco horas de interrogatorio de las defensas, el fiscal dejó caer que habrá cambios en sus peticiones definitivas. Tras el desarrollo de la vista oral, la demanda de diez años de cárcel para cada acusado resulta aún mucho más insostenible, pero la incógnita no se despejará hasta las diez de esta mañana, cuando se abra la sesión. Luego vendrán los informes finales, el último turno de palabra de los acusados y el del tribunal.

El fiscal del caso, Vicente González Mota, reflejó ayer sus dudas en la sala. Después de que concluyera la fase pericial y la documental, la presidenta cerró la sesión sin dar paso a la elevación a definitivas de las peticiones de las partes, como suele ser norma habitual. La defensa pidió entonces que se concretaran para preparar mejor los informes finales, pero el fiscal dejó claro que necesitaba hacer consultas antes de decidir.

Con la segunda jornada de declaración del perito jefe -el afamado agente 19.242-, hay elementos sobrados para reconsiderar las peticiones de cárcel para todos los acusados. Los elementos supuestamente objetivos contra ellos se vinieron totalmente abajo, como admitió el propio policía al indicar que no le consta que las visitas a Ipar Euskal Herria fueran para hablar con miembros de ETA o que las conversaciones telefónicas con presos políticos vascos tuvieran también esa finalidad.

En cuanto a las dudas sobre qué es Bateragune y por qué se señala a estas personas, han crecido aún más tras su intervención. Ni las personas ni su número coinciden, como se refleja en los números de la siguiente página; no hay certeza absoluta sobre la existencia de reuniones; en realidad sólo existe una mención escrita a ese órgano... El perito vino a admitir que básicamente señalaron a personas que entraban en la sede de LAB -ninguna de ellas lo niega- y que no trabajaban allí; además de a Rafa Díez, cuyo arresto se improvisó sobre la marcha.

Dirección «de facto»

Con todo, políticamente lo más importante de la declaración fue constatar que las FSE saben también que la estrategia impulsada por algunos de los acusados y la de ETA no tienen conexión posible, aunque luego los informes oficiales y la tesis defendida en este juicio digan exactamente lo contrario: que actuaron a sus órdenes.

El agente 19.242 fue admitiéndolo poco a poco en las cuatro horas de interrogatorio de Iñigo Iruin y otra hora más empleada sobre todo por Jone Goirizelaia. El esquema fue siempre el mismo: el perito comenzaba por intentar sostener su tesis, pero terminaba admitiendo lo contrario ante la evidencia de los hechos. Y es que no sólo la realidad de los sucesos posteriores a la redada muestra la evolución en el seno de la izquierda abertzale, sino que incluso lo hacen los documentos atribuidos a ETA aportados por la Policía.

Es el caso del denominado ``Komunikazio Orokorra 0903'', fechado en la primera semana de junio de 2009, en el que se critica que «hay una dirección `de facto' unida a una línea» y que «quiere tomar el timón». El policía, primero, quiso restar importancia al texto. Luego, ante la claridad del mismo, buscó una escapatoria: «Si yo no digo que no haya habido un debate...». Iruin le cerró el camino de huida: «No, oiga, es que ahí no se habla de un debate, se habla de otra dirección de facto».

La misma mecánica siguieron otros puntos del interrogatorio. Así, el perito comenzó negando y terminó admitiendo que en el documento de inicio del debate interno se planteó que los instrumentos políticos deben ser «fundamentales» y se terminó estableciendo que no eran fundamentales, sino «los únicos».

Otro tanto ocurre con el proceso democrático. El experto policial dijo primero que no se ha iniciado (hubo risas y murmullos en la sala), pero poco después admitió que sí, cuando se le leyeron las manifestaciones claras de la izquierda abertzale en este sentido. Iñigo Iruin remarcó que eso demuestra que la iniciativa de Arnaldo Otegi y otros de los acusados es unilateral y no depende de nadie más.

Iruin no dio tregua al agente 19.242. Y logró un golpe de efecto muy destacado. En un momento dado, el policía pasó a admitir que se ha llegado a relegar la lucha armada, «pero sólo para facilitar el proceso democrático, no el proceso de liberación en general, y eso no es novedoso». Entonces, Iruin le leyó un párrafo de la rueda de prensa masiva de Iruñea de marzo de 2010 en la que se expone precisamente la apuesta exclusiva por vías políticas en el conjunto del «proceso de liberación». El perito tuvo que desdecirse.

Hasta el absurdo

Estas admisiones puntuales de la realidad de los hechos hicieron más inverosímil aún su intento de mantener la tesis general. Así, el policía comenzó alegando que «cuestionamiento de la estrategia político-militar ha existido siempre», y citó como ejemplos desde posiciones de 1992 a cartas de los profesores Mario Zubiaga e Iñaki Antigüedad tras el último proceso de negociación frustrado. Sin embargo, más tarde admitió que «el malestar es ahora más intenso y extenso», y que por vez primera se ha cuestionado la estrategia político-militar. En cual- quier caso, al final insistió de nuevo en que es ésta la estrategia vigente, como demostrarían algunos movimientos de ETA en los últimos dos años. Según su tesis, no es cierto que no haya habido atentados mortales en este periodo, antes de llegar a la tregua, por decisión de la organización, sino por incapacidad operativa.

Uno de los documentos de ETA que dejan más tocada la tesis policial es aquél en el que la organización critica la apuesta de la izquierda abertzale por Iniciativa Internacionalista (II-SP) ante las elecciones europeas de 2009. El perito tuvo que admitir que ETA abogaba por una lista conjunta con EA en clave exclusivamente vasca. Sin embargo, esta cuestión de las europeas es una de las cuatro conductas que esgrimen las acusaciones como prueba de sometimiento a ETA.

Llegados a este punto decididamente absurdo, el agente 19.242 admitió que en realidad nada es como parece en esos documentos de 2008-2009 en que se basa el fiscal: «Las cosas han ido cambiando luego», precisó. Si el tribunal contempla todo el proceso en su conjunto, los hechos quedan mucho más claros.