Vivir en una de las zonas más desarrolladas del planeta, como es la Unión Europea, no significa que se apliquen los derechos laborales en toda su plenitud, que no haya desigualdad entre hombres y mujeres en las tareas similares o no se abuse del trabajo forzoso. Aunque no en los niveles de otras zonas del mundo, la UE mantiene importantes carencias en pleno siglo XXI.

La Confederación Sindical Internacional (CSI) desvela en un reciente informe «deficiencias importantes», que se presentaron en el marco del examen de las políticas comerciales de la Organización Mundial del Comercio (OMC) respecto a la normativa establecida por la OIT en materia laboral, donde quedó a la vista que la UE desarrolla intercambios y acuerdos con otras partes del planeta, pero no obliga a esos países a que respeten las condiciones laborales, salariales y de negociación colectiva, lo que, por otro lado, añade más desigualdad y, sobre todo, provoca un «dumping social» creciente porque llevan aparejada «una liberalización agresiva» que desprotege a los trabajadores.

La secretaria general de la CSI, Sharan Burrow, afirmó que «es preciso que los países de la UE corrijan las deficiencias en la legislación laboral para permitir que aquellos que trabajan puedan ejercer plenamente sus derechos en virtud del Derecho Internacional». Burrow añadió que «la erosión de los derechos deja a los trabajadores sin una protección adecuada y frena los ingresos en un momento en que la economía de Europa necesita desesperadamente una mayor demanda para recuperarse».

Un aspecto que critica con mayor dureza la CSI es «la discriminación y la desigualdad de remuneración» entre hombres y mujeres y llama a la UE a que obligue a los estados a que cumplan la legislación que de forma voluntaria aceptan en esta materia. A juicio de la confederación internacional, «la discriminación contra la mujer en el mercado laboral incluye una elevada concertación de mujeres en empleos de bajos ingresos, la persistente brecha salarial y la falta de oportunidades para las mujeres en los altos cargos directivos». En todos los estados se producen casos de discriminación. Así, las mujeres austríacas ingresan un 25,5% menos y el 43% de las trabajadoras están ocupadas a tiempo parcial. En el Estado francés, la brecha salarial llega al 18%, aunque la CSI recuerda que las ONG ofrecen datos de que alcanza al 27% y en el Estado español, en torno al 16,1%, aunque en Hego Euskal Herria ese porcentaje se eleva al 26%.

Acoso antisindical

La CSI explica que, en cuanto a negociación colectiva, en Bélgica, por ejemplo, destaca que desde los empresarios existe «un acoso antisindical» y hay «restricciones a la huelga, incluyendo ataques a los piquetes». Critica que en el Estado francés existen cláusulas de excepción a la hora de garantizar los derechos laborales y que en Alemania, por otro lado, se ha tardado mucho en reconocer el derecho a la huelga de los funcionarios y que la Asociación de Colectivos de Sindicatos Cristianos «siempre firman a la baja en los convenios de las empresas de trabajo temporal, para que los empleados no perciban por encima del salario mínimo». En Grecia, se denuncia que existe ya la posibilidad de que los empresarios «se aparten de los acuerdos sectoriales o estatales», entre otro tipo de vulneraciones que recorren cada uno de los veintisiete estados de la UE.

La CSI destaca asimismo la persistencia del trabajo infantil. Recuerda que Grecia permite la contratación a los 12 años en empresas familiares, lo que es «una violación de los convenios internacionales» y recuerda que empresas europeas que cuentan con plantas en el sureste asiático no cumplen las normas europeas a este respecto. «La explotación económica de los niños ocurre en la UE, pero en la mayoría de países no es un problema generalizado», eso sí, confirma que el trabajo infantil se produce, en su mayoría, en la economía sumergida.

Por último, el informe internacional hace referencia al trabajo forzoso. «Si bien existen leyes contra el trabajo forzoso y la trata en todos los países de la UE, se producen en muchos países, sobre todo, contra las mujeres». Sin embargo, advierte de que en varios países de la UE «se obliga a los presos a trabajar para empresas privadas en condiciones que no pueden ser asimiladas a una relación libre, es decir, sin consentimiento».