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Un ex director de la Policía y dos mandos procesados por colaboración con ETA

El ex director general de la Policía española Víctor García Hidalgo, el jefe superior del cuerpo en la CAV, Enrique Pamiés, y el jefe de la Brigada de Información de Araba, José María Ballesteros, han sido procesados por los delitos de revelación de secretos y colaboración con banda armada por el juez Pablo Ruz. Les imputa haber informado a Joseba Elosua, al que acusan de pertenecer a ETA, de que iba a ser detenido y abortar así una operación policial.

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I.I. |

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha dictado orden de procesamiento contra el ex director general de la Policía español y actual secretario de Organización del PSE de Araba, Víctor García Hidalgo, el jefe superior del cuerpo en la CAV, Enrique Pamiés, y el jefe de la Brigada de Información de Araba, José María Ballesteros, por considerarles los máximos responsables de un «chivatazo» policial que retrasó una operación del magistrado Fernando Grande Marlaska contra personas acusadas de formar parte del «aparato de recaudación de ETA»

Según el auto, la Policía tiene una grabación de la «baliza» de seguimiento instalada en un coche del propietario del Bar Faisán de Behobia, Joseba Elosua. En una conversación del 4 de mayo, éste le comentó en el vehículo a su yerno que un agente entró en la cafetería y le dio un teléfono móvil a través del cual un supuesto mando le informó de que se iba a producir de inmediato una operación policial contra él y otras personas. Elosua varió sus planes de ese día, con lo que la operación quedó abortada. Sin embargo, la redada se llevó a cabo al mes siguiente.

Tensiones entre aparatos

Tras esa operación policial dirigida por Grande Marlaska, que entonces estaba sustituyendo a Baltasar Garzón, y las razones del chivatazo hay todo un conjunto de movimientos extraños en el seno de los aparatos del Estado.

Parece confirmado que el bar Faisán estaba siendo desde hace años vigilado por las fuerzas policiales, lo que tampoco habría pasado del todo desapercibido para su propietario ni para quienes allí se movían. Al parecer, la propia Policía puso reparos a la operación que estaba montando Marlaska. Según unas versiones, porque consideraban más útil mantener esa situación y explotar la información que pudieran obtener. Según otras, porque además estaba en marcha un incipiente proceso negociador entre ETA y el Gobierno español.

Sea como fuere, hay dos hechos. Uno: que hubo un chivatazo que desmontó la operación policial inicial. Dos: que esa operación se desarrolló un mes después con dieciséis detenidos.

La investigación de ese chivatazo también ha sido un ejemplo de las tensiones internas de los aparatos del Estado. Garzón volvió de EEUU para hacerse cargo de su juzgado y le acusan de haber mantenido este sumario al ralentí. Cuando dejó la Audiencia Nacional, le sustituyó Pablo Ruz, que le dio un acelerón pese a que la Fiscalía no ve indicios de culpabilidad.

Identificaciones

Según las investigaciones realizadas por la Audiencia Nacional, a las que tampoco son ajenas las tensiones corporativas dentro de la propia Policía, quien entregó el teléfono móvil a Joseba Elosua fue el jefe de la Brigada de Información de Araba, José María Ballesteros, al que se le vio en las inmediaciones del bar Faisán antes y después de la llamada. El acusado de realizar el chivatazo es el jefe superior de la Policía en la CAV, Enrique Pamiés. Y todo ello por orden del entonces director general, Víctor García Hidalgo.

El juez Ruz les acusa de los delitos de revelación de secretos y encubrimiento o colaboración con banda armada. En relación con estos dos últimos delitos, el magistrado plantea las dos calificaciones alternativas aunque se inclina más por tipificar los hechos como colaboración. Las defensas ya han anunciado que presentarán recurso.

Cada imputado podría ser condenado hasta a trece años de cárcel, según cuál sea la calificación final de los delitos que se les imputan. Por colaboración serían diez años y por revelación de secretos, tres más.

garcía hidalgo

Víctor García Hidalgo ha hecho su carrera política en Araba, donde ha sido juntero, gobernador civil y parlamentario. Encargado de las cuestiones de seguridad del PSE, fue nombrado director general de la Policía en 2004 y cesado en 2006 cuando se unificó el mando con la Guardia Civil. En la actualidad es asesor del grupo parlamentario y también secretario de Organización del PSE de Araba.

El PP insiste en dirigir el caso contra Pérez Rubalcaba

El PP ha venido utilizando este caso contra Alfredo Pérez Rubalcaba de manera reiterada, preguntando incluso por él cada semana en el Congreso de los Diputados. Ayer, tras conocerse el auto del juez Pablo Ruz, Soraya Sáenz de Santamaría, compareció ante la prensa y afirmó que Rubalcaba, por «responsabilidad política», está «inhabilitado e incapacitado para cualquier cargo público, también para pedir la confianza de los españoles», esto es, está inhabilitado para ser candidato del PSOE. También hubo acusaciones contra el nuevo ministro, Antonio Camacho, que desde 2004 ha sido el «número 2» de Interior.

El portavoz de Interior del PSOE, Antonio Hernando, contestó al PP subrayando que ni el que era antes ministro y ahora candidato a la Presidencia ni el actual titular de la cartera «aparecen mencionados en ningún momento en el auto del caso Faisán».

Entre los partidos, las reacciones se han dividido en función del grado de cercanía y apoyo parlamentario al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Donde también ha habido división de opiniones ha sido entre los sindicatos policiales. El SUP considera que el procesamiento «es una vergüenza» y pide que se investigue a Carlos Germán, principal redactor del informe policial. Por contra, la CEP cree que el auto «se acerca» a la clarificación y esclarecimiento de los hechos, y exige que tanto Rubalcaba como Camacho «den explicaciones», porque ningún agente, «por muy alto que esté en el escalafón», tomaría una decisión así sin tener una orden política. GARA

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