En su primera rueda de prensa como portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Larraitz Ugarte, diputada de Movilidad e Infraestructuras, detalló los acuerdos adoptados por el primer Consejo de Diputados, entre los que se encontraba el relativo a la fusión de las cajas.

La portavoz del ejecutivo aseguró que la Diputación está en contra de la privatización de las cajas, «pues deberían mantener su carácter social y no caer en manos privadas», pero añadió que es favorable a la fusión, al estimar que la integración de las cuatro cajas de Hego Euskal Herria «puede resultar positivo para la ciudadanía».

No obstante, denunció que algunos partidos, después del cambio experimentado por las instituciones guipuzcoanas tras las elecciones, están intentando «acelerar» el proceso de fusión para culminarlo «en los términos que ellos quieren».

Sin embargo, señaló Ugarte, las decisiones que se tomen en torno a la fusión «deben ir en consonancia con los resultados de las elecciones», ya que «es mucho lo que nos estamos jugando y las decisiones que ahora se adopten van a tener que seguir manteniéndose en los próximos diez años».

Por ello, pidió a los seis consejeros del PNV y a los cuatro de H1! que dejen sus cargos, para ser sustituidos por una representación proporcional de las actuales Juntas Generales, pese a que la ley permite a la Diputación designar los consejeros que estime oportuno. «Teniendo en cuenta que Bildu tiene 22 junteros, le corresponderían cuatro representantes; a los 14 que tiene el PNV le corresponderían tres representantes; a los 10 del PSE dos, y a los cuatro del PP le correspondería uno», explicó.

A juicio de Larraitz Ugarte, esta representación sí refleja el sentir de la sociedad guipuzcoana, «que se ha posicionado en contra de la bancarización de las cajas», y ello le permitirá «decidir lo que quiere hacer y qué tipo de fusión quiere».

Confió en que los representantes de PNV y H1! actúen con «responsabilidad política y espíritu democrático» y reflexionen sobre sus resultados en las últimas elecciones. En referencia a Hamaikabat, señaló que no teniendo representación alguna en las Juntas, «tiene cuatro votos en la asamblea de Kutxa, lo cual no nos parece que sea legítimo, políticamente correcto ni democrático, y tenemos dudas de que sea legal», afirmó.

En respuesta a estas declaraciones, Hamaikabat reafirmó ayer que no dejará esos cargos. Según fuentes de este partido, Kutxa «es una entidad independiente de la Diputación con unos estatutos y unos plazos de renovación de su asamblea ya establecidos» y es «el propio funcionamiento de Kutxa el que impide un adelanto de la renovación de los representantes institucionales», reiteró el partido liderado por Iñaki Galdos.

Enmienda de EA

Mientras tanto, el parlamentario de EA en la Cámara de Gasteiz, Juanjo Agirrezabala, adelantó ayer que su partido enmendará el proyecto de ley de cajas porque, a su juicio, las deja en manos privadas, pone en cuestión su función social y busca perjudicar a las fuerzas abertzales.

En un comunicado, Agirrezabala explicó que se opone al proyecto de ley porque, por un lado, reduce al 40% la representación de las administraciones públicas en las asambleas de las cajas y eso supone «su privatización».

En este sentido, dijo que enmendará el proyecto de ley para «garantizar el control público de las cajas» y advirtió de que para eso «es imprescindible que las administraciones ostenten al menos el 50% de la representación», como en la actualidad.

También se opuso a que no haya cargos políticos electos en los órganos de gobierno de las cajas, como persigue el proyecto de ley, y consideró que «el control público debe quedar garantizado a través de los cargos electos, de los que han sido elegidos en representación de la ciudadanía».

Asimismo, criticó que se quiera rebajar del 30 al 17% la presencia de los ayuntamientos en las asambleas generales y denunció que «el Ejecutivo sólo busca perjudicar a las fuerzas abertzales, muy mayoritarias, y beneficiar, por lo tanto, al PSE y al PP».

Por su parte, el presidente del EBB del PNV, Iñigo Urkullu, afirmó que le preocupa el «sesgo» del proyecto de ley de cajas y, tras indicar que «no es un buen texto», reprochó al Ejecutivo de López que no haya tenido «ninguna voluntad de negociar nada» con el PNV.

En declaraciones a Onda Vasca, Urkullu señaló que «lo denunciable» es el momento y la forma en la que el Gobierno aprueba este proyecto de ley. «A mediados de julio, casi de tapadillo, con un Parlamento inhábil en los meses de julio y agosto en cuanto a debate y celebración de plenos», manifestó.