Los responsables de ELA Mikel Noval, del Area Social, y Janire Landaluze, del Gabinete Técnico, denunciaron ayer la ingente cantidad económica que, en este caso, el Consejo de Administración de Lanbide pondrá en manos de los empresarios para subvencionar la contratación temporal -por seis meses- de parados sin prestación económica o perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

El principal cambio respecto a la iniciativa anterior es, según explicó Noval, que se pasa de una subvención de 1.500 euros mensuales por contrato a 2.300 euros, aunque en un primer momento se ofrecieron 1.800 euros. Lanbide destinará a este programa 42 millones.

Los representantes sindicales rechazaron «rotundamente» el destino de «estas considerables sumas de dinero para financiar a las empresas». Para Noval y Landaluze, «supone que el Gobierno está dispuesto a pagar a las empresas los gastos que supone la contratación temporal de personal». Porque, a juicio de ELA, la contratación «les va a salir prácticamente gratis a muchas empresas o entidades locales, sin que tengan que realizar ningún esfuerzo».

Janire Landaluze denunció que esta fórmula no crea empleo estable y de calidad, «sino que lo precariza aún más y se sigue sin dar cobertura a las necesidades sociales existentes».

Mikel Noval criticó que Lanbide ha tomado el relevo en esta iniciativa, que la asumió el año pasado el Ejecutivo de Patxi López. Para el representante sindical, este organismo que sustituyó en la CAV al Inem «se pone al servicio de la estrategia del Gobierno. Al suspender su participación en el Consejo de Administración de Lanbide, ELA denunció que este organismo se iba a utilizar para dar cobertura a las políticas antisociales del Gobierno vasco. Esta es la prueba», precisó.

Noval y Landaluze destacaron que el Gobierno de Patxi López «impulsa el fraude en la contratación» y advierte de que reducen el plazo de control de las propuestas de contratación, para evitar que los comités controlen ese proceso. Así, criticaron que «gran parte de ese dinero se destina a empresas privadas», aunque «intentan» dar la imagen contraria, pero «han tenido que reconocer que sólo el 35% de las solicitudes están amparadas por las entidades públicas».

Por último, explicaron que «es necesario el reconocimiento de más derechos sociales y un aumento de las dotaciones de medios materiales y humanos en los servicios públicos» y lamentaron que se reduce el porcentaje de contratación de las personas perceptoras de la Renta de Garantía de Ingresos, al pasar del 30% al 20% este año.