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Bruselas reclama una drástica reforma de la política pesquera
La Comisión Europea propuso ayer cambios drásticos en la futura Política Pesquera Común como, por ejemplo, basar la toma de decisiones sobre cuotas en criterios científicos y no tanto en argumentos políticos, con el objetivo de proteger unos recursos cada vez más explotados. Reconoce que ello puede tener un impacto social y económico sobre el sector.
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La comisaria responsable de Pesca, Maria Damanaki, explicó en rueda de prensa los principales elementos de una reforma que comenzará a negociarse ahora entre las instituciones de la Unión Europea y se aplicará a partir de 2013.
Damanaki dijo que la reforma propuesta se basará en la «sostenibilidad, eficiencia y coherencia» y defendió la necesidad de cambios para poner fin al exceso de pesca, que afecta al 75% de las reservas.
La reducción de la flota y la promoción de los métodos de pesca sostenibles, así como la acuicultura, son dos de los puntos centrales de una propuesta legislativa aprobada por unanimidad por el colegio de comisarios, a pesar de las reticencias del responsable de Mercado Interior, Michel Barnier.
Entre las novedades de la reforma figura la toma de decisiones sobre cuotas a partir de criterios científicos y la creación de un mercado de cuotas de pesca entre las flotas de un país, aplicable a los barcos de más de 12 metros de eslora.
El objetivo de ese mercado es permitir a los pescadores comercializar entre sí las cuotas o «concesiones» asignadas, que se venderán al mejor postor.
La medida, que pretende en última instancia reducir las flotas y ya se aplica en países como Dinamarca, donde ha logrado una reducción del 30% de la flota, ofrecerá una compensación a los pescadores que deseen abandonar la profesión.
Organizaciones como Greenpeace temen que la medida favorezca a las embarcaciones más grandes, que no son las más ecológicas, y conduzca a la «privatización» de los mares.
Otro de los cambios planteados es la eliminación de los descartes (capturas accidentales de pescados que, ya muertos, son arrojados al mar). En adelante, los pescadores deberán desembarcar todas las capturas, una idea que no gusta al sector, que lo considera complicada.
Además, se concederán ayudas para el almacenaje y procesado del pescado desembarcado y se creará un programa para el reparto de parte de ese pescado entre la población necesitada.
Damanaki reconoció que a corto plazo las propuestas podrán tener un impacto social y económico sobre el sector, pero aseguró que la CE ofrecerá alternativas.
Caladero de anchoa
La comisaria de Pesca se refirió también al incremento de la cuota de anchoa y celebró el éxito de la gestión de este caladero en el Golfo de Bizkaia, que ha permitido a Bruselas proponer que se doble la cuota de la pesquería para esta temporada, hasta las 29.700 toneladas.
«Hemos trabajado mucho y hemos sido duramente criticados, pero ahora tenemos buenas noticias para los pescadores», declaró en rueda de prensa Damanaki, en referencia a su reciente propuesta para aumentar las posibilidades de pesca para este recurso.
Tanto el Gobierno español como las comunidades autonómicas, que se reunieron ayer en el Consejo Consultivo sobre pesca, coincidieron en señalar que el proyecto aprobado por Bruselas puede tener un impacto «muy negativo» en la flota pesquera y suponer «pérdidas de empleo» en el sector.
La consejera de Agricultura y Pesca de Lakua, Pilar Unzalu, resaltó su discrepancia respecto a muchas de las medidas previstas por Bruselas, que afectan «directamente» a la flota, sobre todo de bajura, y abogó por buscar una PPC que tenga más en cuenta el desarrollo económico del litoral Cantábrico.
La ministra española Rosa Aguilar criticó que la CE defienda la «sostenibilidad ambiental», pero no la «sostenibilidad socio-económica». GARA