Me parece justo y necesario que el Ayuntamiento de Orduña haya declarado el 18 de julio «Día oficial de condena del régimen franquista». El 18 de julio se produjo una subversión de la legalidad con empleo de una violencia criminal que aún no ha sido reparada. Conste, creo, que no se trata de reivindicar en este caso hechos luctuosos concretos y amargos sino de reparar una brecha histórica que aún sigue abierta por sucesión viciada de los regímenes siguientes. El presente tiene ese cabo roto.

Es un día, pues, para someter a reflexión la Ley de Memoria Histórica, que no ha de servir sólo para el rescate de los muertos sino, para orientación de los vivos, que necesitan una auténtica revivificación de la historia para creer que la herencia que ha recibido el presente es digna de ser aceptada. La memoria histórica no es sólo una serie de esquelas sino un estímulo para que la libertad y el derecho no vuelvan a ser falsificados. La condena de un crimen de lesa patria ha de realizarse a fin de que, cerrada la herida, el presente tenga algún sentido. La memoria no puede reducirse a un recuerdo sepulcral. Eso es una solución sin planteamiento del problema; simple paletada de enterrador.

El Partido Popular ha votado en contra del recuerdo de una República que no fue derrotada en las urnas sino violada por los rebeldes. El PNV se ha abstenido en la votación de Orduña. Allá ellos. La libertad ha de continuar su camino. Sin esta condena y sin las que se reclamen en dirección diferente. Cada cual tiene derecho a su conciencia. Lo que no es admisible es que los rebeldes del 18 de julio sigan siéndolo con todas las consecuencias favorables a su concepción del mundo.