En cualquier economía, lo mismo da que sea doméstica o el país más grande del mundo, se tiene que cumplir una regla muy sencilla: el dinero que sale tiene que ser igual al dinero que entra. No hay más vueltas. Parece una verdad de perogrullo, pero no se le presta ninguna atención a la hora de analizar el problema de la deuda soberana.

Si agrupamos los flujos de dinero de un país con el exterior, tenemos tres grupos. En primer lugar estaría el grupo que reúne los intercambios de mercancías y servicios, es decir, las exportaciones e importaciones de mercancías de un país y las entradas y salidas, por turismo fundamentalmente. En este apartado, el Estado español exporta mucho menos que lo que importa y esa diferencia no se compensa con la entrada de dinero por el turismo aunque sí suaviza la diferencia.

El segundo grupo son las transferencias, las remesas que mandan los extranjeros a sus países y las que mandan los nacionales españoles desde el extranjero, las ayudas al desarrollo, otro tipo de ayudas que vienen de la UE, etc. Este apartado es relativamente pequeño en relación con el primero por lo que en nuestra ecuación sigue mandando el signo menos del primer apartado.

Y el tercer grupo son las entradas y salidas de capital, que fundamentalmente son las inversiones en la compra de empresas u otros bienes y los créditos. El Estado español necesita que este apartado sea positivo para compensar el signo negativo del primer capítulo, o si no, pedir préstamos. Y desde que el Estado entró en la zona euro, por este lado no había problema por la garantía que ofrecía la moneda única. La entrada de préstamos e inversiones compensaba sobradamente el agujero que generaba la falta de exportaciones. Pero con la crisis financiera, las tornas cambiaron y los préstamos e inversiones cayeron, dejando en evidencia el desequilibrio fundamental de la economía española, a saber, que vivía de rentas.

Estimular la entrada de inversores extranjeros con capital no resulta sencillo después de que la burbuja inmobiliaria explotara. Repasando lo que el Estado podía vender en esta situación de crisis, el Gobierno encuentra los aeropuertos y la lotería del Estado. No parece suficiente y mirando por ahí encuentran las cajas de ahorros que no son del Estado, pero tampoco son privadas, y pueden servir. A partir de ahí se diseña la estrategia: primero se dice que están muy mal y que necesitan una gestión profesional para convencer a la gente de que hay que privatizarlas. Pero este camino tiene poco recorrido: si están tan mal, ¿quién va a querer comprarlas?. Luego, lo intentan por otro camino, cambian las reglas y fuerzan la privatización. Y en ésas estamos. Entre lo mal que dicen que están, la necesidad de una reconversión por saturación de oficinas abiertas con el boom inmobiliario y la desastrosa situación económica, las van a vender a precio de saldo, eso, si al final consiguen venderlas. Privatizar tiene un problema añadido. Si luego se quieren pedir préstamos, que es la otra vía para que entre capital, los bienes del Estado que se pueden ofrecer como garantía son menos, lo que aumenta el riesgo del préstamo.

Y es que con los prestamistas ya se sabe, lo mismo que los bancos cuando quieres comprar un piso, miran mucho las cuentas de aquél al que van a dejar dinero y si ven algo raro, enseguida se echan para atrás. En el caso de los estados, dependiendo de la fiabilidad del prestatario, no sólo económica sino también política, los prestamistas exigen mayores o menores intereses para fiar dinero. Si la situación es mala exigen intereses altos, y viceversa. Así, cuando el Estado emite deuda, obligaciones a diez años por ejemplo, está pidiendo un préstamo pero no a un único inversor sino que lo subasta. El que ofrezca un tipo de interés más bajo se lo lleva. Pero cuando las cosas están mal, todos los inversores ofrecen intereses altos y el Estado se ve obligado a pagar más por cada préstamo. Una vez compradas, estas obligaciones no se quedan en la caja del prestamista hasta que termina el período y cobra, sino que se compran y se venden en función de las necesidades que tenga el prestamista de conseguir dinero líquido. En ese mercado secundario se fija otro precio para esas obligaciones que puede ser diferente al de la subasta dependiendo de la oferta y la demanda que haya de ellas, y la oferta y la demanda dependen de la garantía que ofrezcan esas obligaciones. Cuando los prestamistas se asustan, como ha ocurrido esta semana, todos quieren vender y nadie quiere comprar, con lo que el precio sube, es decir, sube el interés que hay que pagar por ese préstamo. Así, las del Estado español han pasado del 5,3% hasta más del 6,15% para luego bajar.

Para valorar este precio de la deuda hay que ponerlo en relación con algún otro. Normalmente se compara con el mejor de la clase, en este caso con el interés que pagan el Gobierno alemán por sus obligaciones a 10 años, ya que se considera que la economía alemana es la más sólida y con mayor capacidad para devolver sus préstamos. Si las obligaciones alemanas pagan más o menos un 2,65%, la diferencia entre 6,15 y 2,65 (quitando las comas) nos daría 350 puntos. A esa cantidad se le conoce como prima de riesgo. Dicho en otras palabras, la prima de riesgo es la diferencia de intereses que tiene que pagar un Estado cualquiera por los préstamos que pide en relación con lo que paga el mejor alumno de la clase.

Mientras no se solucione ese desequilibrio fundamental entre exportaciones e importaciones, el Estado seguirá necesitando préstamos del exterior y estará a merced de los prestamistas. Por eso, no tiene mucho sentido que el Gobierno en el último consejo de ministros en el que estuvo Rubalcaba aprobara permitir a la Seguridad Social que invierta el dinero que tiene en el Banco de España en la compra de deuda española. Sirve para un alivio momentáneo, pero cambiar el dinero de una caja a otra de poco sirve cuando se necesita dinero del exterior. Si el Estado quiebra y no devuelve parte de la deuda, esa parte de las pérdidas se la endosará a la Seguridad Social, entonces poco importará porque el garante de las pensiones no es otro que el Estado y si quiebra el Estado los números que en ese momento tenga la Seguridad Social serán lo de menos. Si hacen eso con el dinero de la Seguridad Social, como antes pagaron con sus fondos la reconversión industrial, que por lo menos no tengan la desfachatez de seguir diciendo que el sistema de pensiones es insostenible. Tampoco somos tan primos.