Hubo un 18 de julio de 1936 en el que unos militares fascistas se rebelaron contra la legitimidad republicana y atacaron con sus armas de guerra a una población civil indefensa. Se inició una lucha desigual en la que el pueblo en armas nunca tuvo, para defenderse, los mismos medios que los golpistas, que contaban con la ayuda de las potencias fascistas europeas y de mercenarios marroquíes. La victoria fascista supuso la instauración de un régimen sustentado políticamente en el asesinato y la tortura, en el robo y la explotación. Según el mapa de fosas publicitado por el Gobierno Español, que refleja solo una parte de los crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos por los franquistas durante la rebelión militar de 1936, en Euskal Herria quedan por esclarecer las circunstancias y las responsabilidades penales por más de 8.000 muertes por arma de fuego. Quedan también por establecer la verdad, la justicia y la reparación para los miles de ciudadanos vascos muertos o heridos en bombardeos sobre población civil, para los más de 80.000 encarcelados e internados en batallones de castigo; para los más de 150.000 exiliados, para los 35.000 niños que tuvieron que ser evacuados, y un largo etcétera..

Hubo una resistencia que, en los años posteriores a la victoria fascista, tomó la forma de guerrilla rural hasta los años 50 y posteriormente trasladó su lucha al ámbito urbano. En la segunda mitad de los 60 se reactivaron con fuerza las luchas obreras. La respuesta del régimen fue un incremento de la represión: asesinatos, despidos, prisión y destierro.

Hubo un príncipe, Juan Carlos de Borbón, que, para ser Rey, juró lealtad a la «legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936, en medio de tantos sufrimientos, tristes, pero necesarios», haciendo con ello apología del genocidio político y los crímenes de lesa humanidad. Ahí se establecieron las bases para la continuidad del régimen. La impunidad se irá apuntalando con leyes como la de reforma política de 1976, la ley de punto final (llamada «de amnistía») de 1977 o la constitución de 1978. Durante este proceso los adictos al franquismo se vistieron de demócratas, sin responder por sus crímenes ni abjurar de sus antiguas lealtades. Toda la estructura de poder franquista pasó incólume al nuevo Estado.

Hubo una continuidad con el franquismo y la persistencia de la represión tomó cuerpo en el terrorismo de Estado. Desde finales de los 60 hasta el presente las consecuencias de esta represión se evidencian en: varios centenares de asesinatos, más de mil heridos, más de 20 mil detenidos, habiendo claros indicios de que una gran parte de los mismos han sufrido torturas (práctica que ha sido sistemática hasta, al menos, la segunda mitad de los 80). Este mapa quedaría incompleto si no incluyésemos las múltiples vulneraciones ligadas a la política penitenciaria o las represalias socio- laborales que han sufrido miles de personas. Todas estas vulneraciones de derechos deben de analizarse bajo estrictos criterios de defensa de los derechos que asisten a las victimas, criterios que fueron aprobados por las Naciones Unidas (Informe Joinet, 1997; e Informe Orentlicher, 2005) y que son sistemáticamente incumplidos por las instituciones del Estado, incluidas las autonómicas.

Hubo un 18 de julio, y los sublevados trazaron, a sangre y fuego, una nítida línea divisoria entre vencedores y vencidos: triunfo y privilegios para unos, sometimiento y discriminación para otros. Esta pauta definirá el régimen franquista y la harán suya sus herederos políticos e institucionales. La dualidad social, nacida de una lógica de guerra, seguirá vigente en sus resultados mientras no se aborde en toda su dimensión el problema de las victimas del franquismo y el terro- rismo de Estado. Los gobiernos de turno le seguirán dando continuidad por muchos homenajes e inauguraciones de monumentos que presidan. En la política, como en la historia, son los hechos y los comportamientos humanos los que definen la verdadera voluntad de los actores sociales, mucho más que las palabras dichas para no ser cumplidas.

En los últimos meses se han producido cambios que han dado una mayor presencia, en las instituciones locales y forales, a fuerzas políticas que, al menos en teoría, mostrarían una mayor dispo- sición a desarrollar políticas integrales de recuperación de la memoria histórica. En los próximos meses veremos si esto se traduce en hechos o la clase política, en su conjunto, vuelve a defraudarnos.

Hubo un 18 de julio de 1936, y sus consecuencias perduran aún, con la misma fuerza con la que la tierra de las cunetas oprime los cuerpos sepultados de miles de personas asesinadas por los genocidas franquistas.

(*) Firman asimismo el artículo Antxon Gómez, Andoni Txasko e Iñaki Astoreka.