Iñaki IRIONDO I

Pocas veces un nombre habrá sido una mayor paradoja: Ezker Batua. El lunes, la Presidencia de la coalición, a la que asistieron once de sus dieciocho integrantes, aceptó la baja del anterior coordinador general, Javier Madrazo, exigió la cabeza y la firma en las cuentas de su portavoz, Serafín Llamas, y pidió la dimisión de sus dos únicas representantes en Juntas Generales, las de Araba. Al día siguiente, el Consejo Político -máximo órgano entre asambleas-, reunido también con sólo una parte de sus integrantes, iniciaba los trámites para expulsar al actual coordinador general.

Parece un galimatías, pero es la descripción de dos batallas de una guerra civil: la que mantienen dentro de Ezker Batua los denominados «aranistas», reunidos alrededor del coordinador general, Mikel Arana, y los fieles al anterior, Javier Madrazo. Dos grupos más o menos equilibrados en cuanto a seguidores. A estas alturas, cuando el odio fraticida ha hecho que cada paso de una parte sea descalificada por la otra, no es fácil conocer cuáles son sus diferencias ideológicas.

Podría decirse que los «aranistas», donde se agrupan los miembros de EPK-PCE y de Encuentro Plural Alternativo, son el sector más vinculado a Izquierda Unida federal. Los «madracistas» se presentan como una Ezker Batua soberana federada a IU, y entre sus miembros hay también representantes de pequeños partidos como el Partido Obrero Revolucionario, de ideología trostkista.

Los malos resultados de los comicios autonómicos de 2009, donde la representación de EB quedó reducida a un escaño en el Parlamento de Gasteiz, agudizaron las tensiones intestinas hasta límites insospechables. Antes de las pasadas elecciones municipales y forales, ambas facciones se en- contraban sumidas en una pelea interna que incluía el recurso a los tribunales para dilucidar sus propias cuestiones organizativas y la legitimidad de cada órgano de gobierno.

En Ezker Batua ni siquiera hay un censo de militantes unánimemente reconocido, por lo que la Presidencia (Arana) había puesto en marcha un proceso de «reafiliación» de cara a la Asamblea convocada para Noviembre. Por contra, los «madracistas» han convocado otra Asamblea para octubre.

Según fuentes conocedoras de la situación interna de EB, los «madracistas» tienen a su nombre el registro de la sigla, la llave de la tesorería y la propiedad de las principales sedes. Previendo que la escisión es inevitable, los «aranistas» aspirarían a constituir con los «reafiliados» una formación ligada Izquierda Unida federal. Los «madracistas»», por su parte, se quedarían con la sigla Ezker Batua-Berdeak, con la intención de buscar futuros acuerdos con partidos como Equo, que lidera el ex director general de Greenpeace, Juantxo López de Uralde, y que debutará en las próximas elecciones al Congreso de los Diputados.

El bochorno alavés

Las cosas parecían ir encaminadas por esos derroteros hasta que las pasadas elecciones municipales y forales supusieron el hundimiento de EB. Apenas once concejales en toda la CAV y dos junteras en Araba. Esos resultados no sólo suponen una catástrofe política, sino también una debacle económica. A los despidos de liberados -algunos con indemnizaciones, otros sin nada- se le unen los movimientos de cuentas. Mikel Arana cambia el número de la del Parlamento, para controlar esos sueldos y subvenciones.

Y en ésas estalló el bochorno alavés en sus dos vertientes, a cada cual más grave: la entrega de la Diputación al PP y el descubrimiento de la petición de cargos y dinero al PNV. Dos hechos del sector «madracista» que conviene no olvidar en el fragor de esta lucha fraticida. Dos hechos que muestran que puede que el patrimonio económico ligado a la sigla Ezker Batua no sea ya muy boyante, porque los créditos amenazan con comerse el valor de sus sedes; y que a estas alturas suponen también la ruina política de esa sigla.

El próximo otoño, con dos asambleas paralelas convocadas para octubre y noviembre, Ezker Batua entrará en la fase de judicialización de su divorcio. Nada indica que pueda llegarse a un acuerdo. Algún tribunal analizará los estatutos y decidirá quién se queda con la sigla y con lo que ello suponga económicamente. Cada aparato tirará por su lado. Lo que habrá que ver es si quedan votantes que después de todo lo visto estén dispuestos a seguir a alguno de ellos.