En la actualidad existen 1.200 millones de personas en el mundo que no tienen acceso al agua potable, según un informe de la ONU. El 90% del agua que existe en el planeta es salada y apenas el 3% del agua disponible es dulce y puede ser potabilizada. Y Argentina comparte con los países del Mercosur la suerte de estar ubicada encima de una de las tres mayores reservas subterráneas del planeta: el acuífero guaraní.

No es descabellado suponer que en el futuro las guerras no sean por el control del petróleo o el gas sino del agua, un recurso que debiera estar al alcance de todos y cuyo intento de privatizacion ya provocó, en 2000, la llamada «guerra del agua» en Cochabamba (Bolivia).

La escasez de agua dulce causa alarma y es uno de los problemas que afrontará la humanidad en los próximo años. Por eso, hay empresas que tratan de lucrarse con esa demanda. Makhena, con sedes en Miami y Buenos Aires, ya lo hizo hace unos años y pretende retomar esa beneficiosa actividad, que amenaza ríos y lagunas de Argentina. El Caribe, Oriente Medio y hasta China fueron algunos de los destinos a los que Makhena exportó durante sus años de operaciones en el país.

Dos millones por 70.000 toneladas

En Oriente Medio pagan hasta dos millones de dólares por 70.000 toneladas de agua de río que un buque puede trasladar en sus bodegas, según un informe del periodista Patricio Eleisegui difundido en iprofesional.com. Señala que Córdoba estaría vendiéndole a Arabia Saudí la botella a 17 dólares, que las autoridades de la provincia patagónica de Río Negro evalúan comercializar los caudales que hoy desembocan en el mar y que un ente gubernamental de Misiones ha decidido, además de empezar a exportar sus recursos hídricos, avanzar con el envasado y la venta de lluvia, «muy bien valorada económicamente en Europa y EEUU», indicó un responsable local.

Sin ir más lejos, a finales de 2010 representantes del Gobierno chileno pidieron a funcionarios argentinos que Argentina comience a suministrar, a través de la cordillera de los Andes, a diversos emplazamientos mineros en suelo transandino y existen tres proyectos firmes en ese sentido.

Desde hace décadas se habla de saqueo de las riquezas naturales en Argentina y al hilo de esta denuncia, la Universidad Nacional de Rosario (UNR) solicitó de nuevo en febrero pasado al Gobierno de Santa Fe que investigue la supuesta venta ilegal de agua dulce del río Paraná por parte de empresas cerealeras a buques de cargueros, que pagarían ocho dólares por litro. Edgardo Quiroga, de la CGT-San Lorenzo, denunció que las firmas agroexportadoras de la zona se embolsan hasta cuatro millones de dólares anuales sólo por vender agua a los barcos que operan en los muelles locales.

Santa Fe es uno de los primeros territorios en poner en marcha un marco legislativo tendente a proteger la disponibilidad del agua, aunque la petición de investigación para los barcos cerealeros, asegura Eleisegui, evidencia que no basta con aprobar una ley.

La normativa vigente prohíbe la exportación de agua potable. Pero no está claro que la acción denunciada por la UNR se enmarque en esa prohibición, porque si las multinacionales venden el agua para consumo de la tripulación o para nivelar el barco, cuando se descarga no violan la ley, pero si se trata de suministro a granel, sí. Algunas observaciones técnicas advierten de la necesidad que los buques tienen que cargar agua como lastre y, aunque no siempre es así, a ese argumento se agarran quienes defienden esa actividad.

También en Entre Ríos se está trabajando en una iniciativa legislativa que prohíba la exportación de agua dulce o potable en cualquiera de sus estados físicos, con excepción de los casos que se inscriban en el marco de los tratados en el ámbito del Mercosur o de la Unasur, así como los que se fundamenten en razones humanitarias o de emergencia.

Potablización y venta

Aldo Ballestena, impulsor del proyecto de ley que contempla imponer multas, asegura que los buques se llevan del sur de la provincia, donde confluyen los ríos Paraná y Uruguay, el agua dulce, la potabilizan y la venden.

En Santa Fe, en 2008, varios legisladores ya pidieron la prohibición de la venta de agua del Paraná, después de que saltara la alarma tras las denuncias sobre extranjeros inmersos en la carrera por hacerse, a precios irrisorios, con tierras argentinas para controlar sus aguas subterráneas y la aparición de una empresa, Makhena, que ofrecía al mundo «agua a granel, cruda, sin tratamiento, de ríos de llanura de Argentina». Aquel anuncio, que llevaba tres años colgado en la web y fue retirado tras la polémica que llevó al Gobierno a abrir una invesigación, coincidió con el testimonio de muchas personas en Santa Fe que dijeron haber visto buques tomando agua del río Paraná.

Uno de los cinco socios de la firma, Alberto Cholewa, habló entonces con el diario «Clarín» para reivindicar su oferta comercial, acusar a los políticos de escandalizar a la gente con denuncias falsas y asegurar que aún no había logrado vender una sola gota de agua. En realidad lo había hecho entre 1983 y 1987, cuando no existía la preocupación actual por el medio ambiente, hasta que el encarecimiento del flete marítimo le obligó a aparcar ese negocio. Cholewa dijo entonces que tenían potenciales clientes en Israel, Estado español, Argelia, Tanzania e islas del Caribe. De lo que estaba seguro Cholewa era de que se trata de un negocio perfectamente legal. «Lo que no está prohibido, está permitido», subrayó.

Y es que el control del agua sigue siendo escaso, porque aunque algunas provincias han comenzado a regular la cuestión, la mayoría no consideran estratégica el agua.

María Fernanda Reyes, diputada nacional de la Coalición Cívica e impulsora de un proyecto de ley que pretende prohibir la exportación de agua a granel, señaló a iprofesional.com que se ha constatado que «muchos barcos llegan a puerto con cualquier otro producto y luego se van con el mismo peso, pero en agua, que luego es potabilizada en el muelle de origen». A su juicio, muchas denuncias se quedan en anécdotas por la precariedad de las leyes vigentes o la inexistencia de normativas.

Reyes asegura que el vacío legal en el ámbito nacional es lo que, en su momento, alentó a Makhena a exportar agua de río. «Fueron los primeros en ver como negocio la venta de agua a granel y no será el único caso», augura.