La CE plantea una norma que facilite el cobro de deudas transfronterizas
Divergencias entre legislaciones, necesidad de otro abogado, costes de traducción... Un millón de pequeñas y medianas empresas renuncian a cobrar lo que se les debe desde otro estado de la Unión Europea porque, sencillamente, no les sale a cuenta el gasto de tiempo y dinero. La Comisión Europea pretende ahora crear una normativa que agilice y facilite estos trámites. Se calcula que los impagos ascienden actualmente a unos 600 millones de euros al año.
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La Comisión Europea (CE) ha propuesto crear una orden europea de embargo cuyo objetivo es facilitar a las empresas y a los ciudadanos el cobro de deudas en otros Estados miembros, norma que puede tener una importante incidencia en Euskal Herria debido a su situación geopolítica.
En la actualidad, las dificultades jurídicas para reclamar el pago provocan que se cancelen en la UE deudas por valor de 600 millones de euros al año, según Bruselas. «Las empresas pierden alrededor de un 2,6% de su volumen de negocios anual a causa de las deudas incobrables. Es ésta una deficiencia de nuestro mercado único que debemos subsanar rápida y enérgicamente», apuntó la comisaria de Justicia, Viviane Reding.
«Las empresas necesitan una solución sencilla: una orden de embargo de cuentas efectiva en toda Europa que asegure el bloqueo de los fondos hasta que un tribunal haya dictado resolución sobre su restitución. En la difícil coyuntura económica que atravesamos, las empresas reclaman respuestas rápidas. Cada euro cuenta, sobre todo para las pequeñas empresas», insistió la comisaria.
Según los cálculos de Bruselas, aproximadamente un millón de pymes tienen problemas con deudas transfronterizas. Los procedimientos de cobro de las deudas dependientes de la jurisdicción de otro país son complicados y multiplican los costes para las empresas que desean vender sus productos en distintos estados de la UE.
Mayor coste que beneficio
Entre los problemas habituales se encuentran las diferencias entre legislaciones y las variaciones en los costes de contratación de un abogado suplementario o de traducción de los documentos.
La propuesta de Bruselas creará una orden europea de embargo de cuentas que permitirá a los acreedores bloquear el importe debido en la cuenta bancaria del deudor y así «impedir a los deudores retirar o liquidar sus activos durante el tiempo que se tarda en obtener y ejecutar una sentencia».
Tendrá carácter cautelar, lo que significa que se limitará a bloquear la cuenta del deudor pero no entrañará el pago del dinero al acreedor. Además, este instrumento solo se aplicará a los casos transfronterizos. Para percibir efectivamente el dinero, el acreedor deberá obtener sentencia firme a su favor conforme a la legislación estatal o mediante un procedimiento europeo simplificado.
La orden europea de embargo de cuentas se emitirá mediante un procedimiento unilateral -es decir, sin que el deudor tenga conocimiento de ello-, con el consiguiente «efecto sorpresa». Para su puesta en marcha, la propuesta deberá ser aprobada por los Estados miembros y por la Eurocámara.
La Comisión Europea está analizando la petición del Estado español de volver a pedir un permiso de trabajo a las personas de nacionalidad rumana para decidir si autoriza la medida, informó ayer la portavoz comunitaria de Mercado Interior y Servicios, Chantal Hughes. Concretamente, Madrid planea que a partir de agosto los ciudadanos rumanos que deseen trabajar en el país por cuenta ajena obtengan un permiso con base en la existencia previa de un contrato de trabajo.
Chantal Hughes indicó que Bruselas recibió el pasado viernes una carta de las autoridades españolas que detalla la medida que el Ejecutivo de Madrid proyecta aplicar a los trabajadores de origen rumano. Aunque en principio, en un mercado ya «liberalizado», no se deberían imponer nuevas restricciones, existe la posibilidad de hacerlo si concurren «circunstancias excepcionales», indicó.
Para justificar la medida, el Estado español «debe probar un riesgo de distorsión o impacto mayor sobre el mercado laboral», a partir de cifras concretas. Según los datos con los que cuenta Bruselas a partir de las estadísticas de Eurostat, el número de trabajadores rumanos llegados a España y otros países «ha bajado mucho» en los últimos años, puntualizó la portavoz. GARA
