Desde que la Diputación de Gipuzkoa abrió la caja de los truenos, allá por enero de 2010 y decidió elaborar una norma de peajes con el fin de poder cobrar a los transportistas por atravesar la provincia en Etxegarate y en Deskarga, el debate sobre la conveniencia de que los profesionales del transporte asuman casi en exclusiva la financiación de la red viaria vasca se ha instalado en la sociedad. Al melón abierto por el PNV en Gipuzkoa se le ha sumado hace escasas semanas el anuncio por parte de la Diputación de Bizkaia de que los transportistas deberán abonar 6,75 euros para utilizar de forma obligatoria la Supersur. En el Estado español, el PSOE ha cambiado de opinión a última hora y parece decidido a imponer la denominada euroviñeta a los transportistas que utilicen las carreteras estatales a partir de 2012, y en el Estado francés hace meses que se aprobó la instauración de este copago el año que viene.

Los argumentos que hemos escuchado durante estos meses a favor de que se impongan peajes específicos para los transportistas son los mismos mediante los que las instituciones europeas llevan años construyendo una gran mentira para justificar el establecimiento de un peaje específico para transportistas en las principales carreteras de la UE. El objetivo europeo ha sido y sigue siendo anestesiar a la sociedad asegurándole que la euroviñeta servirá para reorientar el tráfico de mercancías hacia el tren o el transporte marítimo, y que va a moderar u ordenar de manera más racional el tránsito de vehículos pesados por las carreteras europeas. Los datos y estadísticas han dejado en evidencia la falsedad de estas «tranquilizadoras» aseveraciones.

El crecimiento económico en Europa es sinónimo de transporte, el desarrollo económico no es otra cosa que la creación de mercados globalizados interconectados principalmente por carretera. El aumento del transporte y el desarrollo económico son prácticamente lo mismo.

Sin embargo, derivado del contexto económico de crisis la política europea ha tenido que eliminar muchos de sus disfraces y ha dejado en evidencia la orientación claramente recaudatoria de los peajes para transportistas, tal y como refleja la recientemente aprobada Directiva de la Euroviñeta III. Europa ha reconocido por fin que el problema del transporte no tiene solución, y habla directamente de que la euroviñeta es un copago por el mantenimiento de las infraestructuras, y que deben ser los transportistas quienes lideren este copago.

Pues bien, una vez que en Europa se ha despejado cualquier tipo de duda respecto a la verdadera función de la euroviñeta, las instituciones y partidos políticos de este país deberían dejar de entretener a la sociedad vasca, y reconocer que el peaje para transportistas no sirve para el control de la contaminación ni para evitar el colapso de la circulación, porque sencillamente eso es imposible en el modelo económico europeo. Deberían ser sinceros y reconocer que el único objetivo de la euroviñeta es recaudar para poder seguir construyendo más carreteras, seguir atrayendo más transporte y engordar el problema del colapso viario mundial.

Así podremos empezar a hablar de quién y cómo debe asumir el pago por la construcción y mantenimiento de las infraestructuras. En Hiru estamos deseando poder empezar a hablar de que si el copago de las infraestructuras es injusto, porque supone exprimir más aún al ciudadano y hacerle pagar por un servicio que debería financiarse por medio de impuestos directos que graven a quienes más tienen, más injusto aún es pretender que sólo una parte de la cadena de producción asuma en exclusiva este copago.

El transporte es sólo un parte del sistema productivo y tan usuario de las infraestructuras es el que compra en el supermercado las patatas de Normandía, como el que las transporta hasta Gasteiz, o el que las produce en Normandía. Por tanto, si la sociedad actual ha decidido crecer económicamente a base de ampliar mercados, internacionalizar empresas, y consumir productos cada vez más lejanos, deberá asumir el coste en transporte que ese modelo supone, y deberá asumir el coste en infraestructuras que ese modelo supone.