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Un error judicial y la presión social evitan el desahucio de dos vecinos jubilados del Casco viejo de Gasteiz

La Acampada Gasteiz, formada por los jóvenes del 15-M, realizó ayer una demostración de fuerza ante los juzgados de la capital alavesa. Una protesta que consiguió parar la subasta de dos pisos ubicados en el número 55 de la calle Correría. Las viviendas de Aurelia y Manuel, dos personas de edad que deberán subsanar una deuda de 20.000 euros con Caja Vital antes de octubre si no quieren verse en la calle.

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Ion SALGADO

La movilización social ha impedido que dos residentes en la calle Correría de la capital alavesa pierdan sus viviendas, o al menos así lo cree Aurelia Gigirey, una mujer de 72 años que ha visto cómo la autoridad judicial competente decidía suspender la subasta de su casa veinte minutos antes de iniciarse la puja por la misma.

Aurelia se ha convertido en la primera mujer que ha conseguido parar la venta de su casa gracias a la implicación de los movimientos sociales resultantes del 15-M. Agrupaciones como Democracia Real o la Acampada Gasteiz mostraron ayer su apoyo a ella y a su vecino Manuel Guillermo, los últimos afectados hasta ahora por un desahucio en Euskal Herria. Dos personas que que deben hacer frente a una deuda de 20.000 euros para continuar residiendo en Alde Zaharra.

Su pesadilla comenzó hace ya cinco años, cuando ambos decidieron avalar un crédito solidario de 115.000 euros a cargo de la hija de Aurelia. El préstamo fue concedido por Caja Vital y tenía por objeto la apertura de un negocio en la calle Correría. Pero, posteriormente, el propietario de la lonja donde se estableció el comercio optó por vender el local.

Esta decisión hizo que la hija cerrara el negocio, y en consecuencia, dejara de pagar las cuotas a la entidad financiera, que comenzó a reclamar el pago de la deuda directamente a Aurelia. Esta situación, atribuida a un supuesto acto de «venganza» hacía su madre, hizo que la vecina comenzará a abonar, de manera mensual, 388 euros a Caja Vital. Una cantidad que ha ido engordando por el impago de mensualidades, hasta conformar una deuda de 20.000 euros, que deberá ser abonada antes del mes de octubre, cuando finaliza el último plazo emitido por el juzgado.

Sin embargo, dicho pago no saldará la deuda contraída con la entidad, por lo que Aurelia se ha visto obligada a poner a la venta su propia vivienda. Todo por salvar el piso de Manuel, un vecino, perjudicado por la decisión de un tercero, que ya no mantiene trato alguno con Aurelia. Es más, desde el movimiento del 15-M no descartan que la venta de las dos viviendas no sea suficiente, ya que, habitualmente, en este tipo de subastas los pisos se saldan por debajo del valor de mercado.

De darse esa situación, Aurelia deberá continuar destinando la mitad de su pensión a sufragar un crédito generado por su hija, quien, según afirma la damnificada, actualmente está trabajando. Por ello, las decenas personas reunidas ayer solicitaron que sea ella la que pague la deuda contraída con Caja Vital, y libere a su madre de un gasto que amenaza con dejarla en la calle.

Motivos judiciales

No obstante, desde el Palacio de Justicia desmienten que la prórroga se haya producido como consecuencia de la «presión» social. Como han explicado fuentes judiciales a GARA, la subasta de los dos inmuebles ha quedado aplazada hasta octubre porque la autoridad competente de llevar a cabo la venta de las viviendas no puede confirmar el envío de una de las notificaciones, concretamente la dirigida a Manuel.

Es por ello que los tribunales han optado por retrasar la subasta al día 17 de octubre. Una nueva fecha que da un respiro a Aurelia, quien, al menos, podrá dormir tranquila durante las próximas semanas. No obstante, ésta es una calma relativa a la espera de que pueda vender el piso, una vivienda situada en el corazón de la almendra medieval de Gasteiz.

 

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