La consejera de Empleo y Asuntos Sociales de Lakua, Gemma Zabaleta, anunció ayer su compromiso de que el próximo mes de setiembre pondrá a disposición de las diputaciones de Gipuzkoa, Bizkaia y Araba, así como de Eudel, «el desarrollo completo» de la Ley de Servicios Sociales para que, en diciembre de este mismo año, el órgano interinstitucional de servicios sociales, «lo pueda aprobar».

Zabaleta hizo estas declaraciones, recogidas por Europa Press, en una rueda de prensa ofrecida en Donostia junto con el diputado foral de Servicios Sociales, Ander Rodríguez, para exponer las líneas maestras del proyecto Etxean Ondo. Previamente, fue recibida por el diputado general, Martin Garitano.

Esta iniciativa pretende potenciar la atención sociosanitaria en el domicilio a personas mayores y personas con algún tipo de discapacidad, para que puedan seguir viviendo en sus casas y participando en su entorno comunitario, retrasando de esta forma lo máximo posible el ingreso en una residencia.

El plan piloto arrancará a partir de setiembre en cinco ayuntamientos guipuzcoanos (Donostia, Irun, Oiartzun, Tolosa y Zarautz) y englobará a alrededor de 500 domicilios. Etxean ondo supondrá, según explicó la consejera, que los profesionales de los servicios sociales y de la salud de esos cinco ayuntamientos coordinarán sus acciones y estrategias para conseguir una atención personalizada, integral y continuada.

Las personas que precisen cuidados sanitarios y sociales los recibirán de manera integrada en su propio domicilio.

Cuestiones urgentes

Ander Rodríguez, por su parte, señaló que, a la espera de un análisis detallado del proyecto, la Diputación realiza una valoración positiva porque supone «ofrecer un nuevo modelo de atención domiciliaria, integrada, que responderá a todas las necesidades» de las personas mayores dependientes.

El diputado de Servicios Sociales también puso de relieve las deficiencias actuales en la prestación de asistencia domiciliaria. Comentó que, aunque es un derecho subjetivo, en la práctica «su prestación está sometida a la disponibilidad presupuestaria» y precisó que en Gipuzkoa el 75% de las personas no reciben el número de horas estipuladas por el Consejo Interterritorial. Recordó que no existe un decreto que regule la prestación de este servicio, cuya aprobación reivindicó de manera urgente, ni un baremo consensuado.