LAB entregó ayer a los presidentes de las tres cajas: BBK, Vital y Kutxa y a los representantes sindicales que se reunieron en un nuevo encuentro de la mesa laboral el «Protocolo de integración de las cajas vascas». Joxean Urkiola, responsable de LAB Finantzak, afirmó que los representantes de la cajas se comprometieron a «responder» a la iniciativa abertzale. La central sindical exige compromiso para que la entidad que resulte de la integración «no cuente con nuevos socios ni capital privado en ningún porcentaje, que suponga el inicio de la privatización de la nueva empresa».

LAB cobra protagonismo en este debate social al objeto de paralizar el proceso de bancarización que han iniciado Mario Fernández, Xabier Iturbe y Carlos Zapatero. Mañana tendrá otro momento trascendental porque los consejos de administración están convocados para fijar para el viernes 16 de setiembre, con casi toda probabilidad, la convocatoria de las asambleas de las cajas, que deberán decidir sobre su transformación en un banco, como acordaron a finales de junio.

«Creemos que en el protocolo se abordan todas las cuestiones que deben incluirse en el proceso de integración de las cajas vascas, no sólo las cuestiones laborales, también las correspondientes al modelo y la función social de las cajas vascas, que es una de las características que las ha destacado a lo largo de decenas de años», precisó Urkiola.

Cuatro objetivos claros

En el texto se recogen siete apartados referidos a la renovación y mantenimiento del empleo, las condiciones de trabajo, el marco de relaciones laborales y las garantías y el modelo social. LAB sostiene que es «imprescindible» que el acuerdo de integración «incluya una serie de compromisos y garantías que hagan cumplir el papel y la función que las cajas de ahorro han tenido siempre en el conjunto de la sociedad a la que prestamos servicios y a quienes las cajas devuelven parte de esos beneficios, a través de la Obra Social, el mantenimiento del modelo social, participativo, público y con un control efectivo de todas las decisiones y órganos de la entidad».

En el texto, se especifica que esa nueva entidad «se compromete a respetar todo lo que han sido hasta la fecha las cajas de ahorros en sus territorios históricos, de servicio a la sociedad, a las pequeñas y medianas empresas a favorecer el crédito, a financiar a las instituciones públicas, etc, con el compromiso de continuar haciéndolo en el futuro y garantizando el papel que les corresponde desde su función pública y social de compromiso con Euskal Herria».

En un primer objetivo, LAB reclama «la continuidad de los puestos de trabajo del conjunto de los empleados de todas las entidades y de sus filiales participadas». También exige a Kutxa, BBK y Vital que garanticen el empleo en las filiales que estén participadas, al menos, por el 50% de las cajas. Pide, por otro lado, que se negocie el futuro de los trabajadores de las subcontratas que estén en activo. En caso de necesitarse una «reorganización interna», LAB admite que se utilicen «métodos no traumáticos voluntarios», pero que no expedientes de regulación ni despidos.

El protocolo plantea que «no hay traslados forzosos» y que a los trabajadores temporales se les vaya acomodando «en condiciones de fijos».

Prejubilaciones

En ese proceso de integración de las tres cajas en una única, LAB también reconoce que se pueden producir prejubilaciones. Da de plazo hasta el 31 de diciembre de 2012 para negociar un acuerdo «de forma urgente» de esas características con los representantes de los trabajadores y que debe de estar respaldado por la mayoría. El acuerdo, sin embargo, sería «de aplicación voluntaria».

En cuanto a las condiciones de trabajo, el protocolo de la central sindical explica que «la entidad resultante subrogará los derechos y obligaciones que tengan asumidos el conjunto de empleados, de sus retribuciones, antigüedades y mejoras sociales», también para quienes se encuentren en situación de excedencia, con contratos suspendidos por mutuo acuerdo, prejubilación, «así como el personal pasivo». De todos los cambios, se informará a los representantes sindicales «con detalle y antelación».

LAB plantea la necesidad de que se tengan en cuenta los principios de «igualdad de oportunidades, promoción y carrera profesional» y se potencie «la formación profesional» con el objeto de «conseguir una mayor eficacia». Para lograr este aspecto, la central sindical pide que se cree una Comisión de Formación en la nueva entidad.

Otro elemento esencial en el protocolo entregado a los presidentes de las cajas reside en la necesidad de «homologar las condiciones de trabajo» del conjunto de los empleados de la nueva entidad. «Por su importancia -explica el protocolo- destacamos las retribuciones, clasificación profesional, jornada, previsión social complementaria, beneficios sociales, plan de igualdad de oportunidades, salud laboral, precariedad, subcontrataciones, entre otras». La central sindical entiende que el acuerdo de homologación debe alcanzarse antes de integrarse en la nueva entidad. «Mientras no sea efectiva, se mantendrán las condiciones de trabajo de los empleados que se les aplica en la actualidad», precisa.

Otro de los elementos importantes que se destaca en el texto sindical es el marco de relaciones laborales, en él se fijan los ámbitos de negociación.

LAB perfila dos ámbitos: para los trabajadores de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa, por un lado, y para los empleados de la expansión, es decir del resto de las comunidades del Estado español. Recuerda que «la representación de la parte social será la que corresponda a cada sindicato en función del número de votos obtenidos en las últimas elecciones sindicales en cada ámbito».

El último elemento que plantea el protocolo se aferra a «las garantías y al modelo social». En este caso, exige «un compromiso de no privatización, aportación a la Obra Social y de participación». Es por ello que LAB exige un acuerdo entre las partes para que la entidad resultante «no vaya a contar con nuevos socios ni capital privado en ningún porcentaje, que suponga el inicio de la privatización de la nueva empresa».

Aportación a la Obra Social

En ese contexto, el protocolo fija un acuerdo para «mantener una aportación a la Obra Social que -según indica de forma textual- actualmente tienen las cajas que pretenden integrarse, que corresponda como mínimo al porcentaje que, como medida de los últimos tres años, han venido realizando. Se establecerán las garantías para que tanto dicho importe, como la propia Obra Social, se mantengan».

En este caso, LAB reclama un acuerdo para establecer las normativas y compromisos necesarios que garanticen la participación de todos los grupos que «conformamos los órganos de las cajas». El texto pide la representación de las plantilla, pero también de la clientela, de los municipios y de los fundadores, «con la representación proporcional derivada de los últimos procesos electorales».

Para garantizar todos estos compromisos, por último, fija una comisión mixta de seguimiento de los acuerdos en la que estén representadas las cajas y las centrales sindicales.