Daniel Dergi tendrá que esperar al 17 de agosto para conocer la resolución de la Corte de Apelación de Agen, que examinó ayer la petición de euroorden cursada en su contra por la Audiencia Nacional española.

Al contrario de lo que habitualmente ocurre en este tipo de vistas, en las que la Fiscalía se pronuncia casi siempre por aceptar la entrega a Madrid, la posición de la fiscal Marie-Hélène Heyte deja entrever que en el caso de este militante abertzale podría ser rechazada.

Heyte pidió al tribunal que privilegie la opción de «no entrega obligatoria a las autoridades españolas», si bien en su intervención también citó la posibilidad de hacerlo.

Entre sus argumentos, reconoció que el delito del que se acusa a Dergi se cometió en el Estado francés y, además, que «podría estar prescrito» según el Derecho francés. Sin embargo, apostilló que «no podía afirmar» dicho extremo, por lo que dejó en manos del tribunal comprobar la eventual prescripción dejando la puerta abierta a la posible entrega.

La abogada defensora, Yolanda Molina, insistió en el «carácter político» y «oportunista» de la petición española, por haber sido realizada en periodo electoral y, además, por la necesidad del Gobierno de Rodríguez Zapatero de «hacer olvidar los problemas de la crisis económica».

La letrada instó al tribunal a acogerse a la facultad reconocida por la ley de rechazar la entrega en tanto en cuanto los actos que se le imputan se han producido, cuando menos en parte, en territorio francés.

Con determinación

Por su parte, Daniel Dergi se dirigió al tribunal y aseguró, en tono firme, que «tenía delante un hombre encolerizado pero determinado a oponerse a esta ignominia». Se refirió a que, de aceptarse su extradición, se «defenderá con su cuerpo» y espetó al tribunal que «si me entrega, será un cadáver, un montón de huesos lo que enviarán a Madrid». En sus declaraciones tras la vista, Dergi se reafirmó en su decisión de protegerse, mediante una huelga de hambre, de la posible entrega.

Mientras la Corte de Agen toma su decisión, el militante vasco seguirá en Cahors, ciudad donde reside en libertad condicional y en la que fue detenido el pasado 6 de julio cuando se disponía a abrir la tienda de muebles donde trabaja.

Trasladado a la prisión de Gradignan, Dergi se puso inmediatamente en huelga de hambre, que abandonó cuando le dejaron en libertad provisional el 13 de julio.

La Corte había pedido a Madrid que aclarase el acto o actos que imputaba al hiriburutarra y, asimismo, si desde 1994 había trámites de instrucción que pudiesen interrumpir los plazos de la prescripción del supuesto delito. La AN puntualizó que reclamaba a Dergi por el envío de una carta bomba a un empresario guipuzcoano y no respondió a la segunda cuestión.