DECLARAN ILEGALES LAs «MINIVACACIONES FISCALES»
Varapalo judicial a las exenciones fiscales de las diputaciones
El Tribunal de la UE desestima los recursos contra la ilegalidad de las «minivacaciones» y Bruselas cifra en 500 millones la cuantía a recuperar
Imanol INTZIARTE | DONOSTIA
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) confirmando la ilegalidad de las denominadas «minivacaciones fiscales» desató una oleada de reacciones, que se movieron entre la cautela del «hay que analizarlo» y la cuasi indiferencia del «esto no cambia nada».
Bruselas calcula que son unos 500 millones de euros los que deberán devolver las empresas que se vieron beneficiadas, aunque no falta quien asegura -caso de las diputaciones de Araba y Bizkaia- que ese capital ya fue restituido.
El TUE dictaminó ayer que tanto las «minivacaciones fiscales» otorgadas en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa en 1996 -gobernadas entonces respectivamente por los jeltzales Félix Ormazabal (comandaba un tripartito PNV-PSE-EA), Josu Bergara (PNV-PSE) y Román Sudupe (PNV-PSE-EA)- como los créditos fiscales del 45% del importe para grandes inversiones «son ayudas estatales incompatibles con el mercado común» y por tanto deben devolverse, avalando así una sentencia del Tribunal de Primera Instancia en el mismo sentido.
Concretamente, las «minivacaciones» eran una reducción durante cuatro años de la base imponible del Impuesto de Sociedades en favor de empresas de reciente creación si realizaban inversiones mínimas de 480.810 euros, disponían de un capital desembolsado de más de 120.202 euros y creaban al menos diez puestos de trabajo.
Por su parte, los créditos fiscales tuvieron su origen en los regímenes de ayuda a la inversión puestos en marcha en 1988, que entre 1994 y 1997 desembocaron en medidas por las que otorgaban un crédito del 45% en el Impuesto de Sociedades a determinadas inversiones que sobrepasaran los 15.025.303 euros.
Sin notificar a la Comisión
Esas medidas fueron suprimidas en 2000, pero no fueron notificadas a la Comisión Europea (CE) en el momento de su creación, tal y como dicta la legislación comunitaria sobre toda nueva ayuda estatal.
La Comisión abrió una investigación a raíz de la denuncia de dos empresas y, en 2001, consideró que ambas medidas eran ayudas públicas ilegales y ordenó al Estado español que exigiera a los beneficiarios de las mismas su devolución.
Las tres diputaciones recurrieron esa decisión ante el Tribunal de Primera Instancia de la UE (ahora Tribunal General), que dio la razón a la Comisión Europea. Ante ello, las autoridades de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa interpusieron un recurso de casación.
La sentencia de ayer rechaza ese recurso presentado en su día por las diputaciones forales de los tres herrialdes y da la razón al Ejecutivo comunitario.
Además, la Comisión ya ha pedido una multa contra el Estado español al estimar que no ha recuperado aún la totalidad de las ayudas pese a que ya existía una sentencia condenatoria del Tribunal de Primera Instancia. La sanción ascenderá al menos a 40 millones de euros y seguirá aumentando cada día que pase sin que se reembolsen las subvenciones.
«Carece de efectos prácticos»
Las diputaciones de Araba y Bizkaia, dirigidas actualmente por el PP la primera y por el PNV la segunda, coincidieron en señalar que la sentencia «no cambia nada» porque el dinero de las ayudas ya fue recuperado.
El diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de Araba, José Zurita, aseveró rotundo que ese montante económico «está absolutamente recuperado, no hay ninguna duda sobre eso, se ha justificado y está perfectamente explicado, por lo que no hay margen a la interpretación».
Desde la Diputación de Bizkaia se recalcó que la sentencia «carece de efectos prácticos» en lo que al herrialde respecta, puesto que el propio ente foral «ya había ejecutado en 2007 completamente las decisiones de la Comisión de 11 de julio de 2001 y había recuperado de las empresas beneficiadas las cantidades disfrutadas y los intereses de la recuperación». En concreto, explicó en un comunicado que recuperó de los beneficiarios de estas ayudas 96,3 millones de euros más 38,5 millones de euros en concepto de intereses de demora.
Desde Gipuzkoa, donde gobierna Bildu, su director foral de Hacienda, Xabier Olano, apuntó cauto que hablará «con todos los agentes y empresas afectadas» para «tratar de encontrar soluciones que sean razonables para todas las partes».
La Diputación remitió una nota en la que señalaba que «se va proceder a examinar en profundidad dicha sentencia», recordando que «hace tan solo un mes que Bildu gestiona la Hacienda guipuzcoana y necesitamos tiempo para poner todos los datos sobre la mesa y sacar las conclusiones pertinentes».
No obstante, matizó que «se ha juzgado la gestión de otro partido político, no la nuestra» y que en este tema el actual Ejecutivo «no tiene intención de seguir por el camino trazado» por sus antecesores.
«No estamos aquí para despilfarrar el dinero de los guipuzcoanos, sino para invertirlo en las áreas donde es más necesario, es decir, en la calidad de vida de los guipuzcoanos y en el desarrollo de nuestro territorio», subrayó antes de insistir en que «va a tratar de encontrar la solución más adecuada mediante el diálogo con todos los agentes».
Lakua, más contundente
Más crítico fue aún el consejero de Economía y Hacienda de Lakua, Carlos Aguirre, para quien «las cosas se podían haber hecho mejor» y «haber reconducido» esta situación «hace muchos años». «Cuando las cosas no se gestionan bien, no acaban saliendo bien», sentenció respecto a la decisión contraria del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Aguirre calificó de «terrible» la situación generada, habida cuenta del régimen de sanciones impuesto desde Europa, que ya superan los 40 millones de euros. «El tema es muy serio y nos preocupa», por lo que el Ejecutivo de Patxi López «activará todos los resortes para minimizar el impacto, sobre todo en las empresas vascas involucradas». El consejero recordó que «las reglas de juego» europeas «suelen ser normalmente razonables» pero también «muy rígidas».
La patronal Confebask remarcó que las empresas se acogieron en su momento a la normativa que estaba vigente «con plena confianza en la legalidad de la misma», por lo que «en ningún caso deberían salir perjudicadas de una situación que no han propiciado, ni de la que son responsables».
El secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, consideró que sería «tremendamente injusto» que paguen «a escote» entre los que abonan impuestos «la avería» llevada a cabo por quienes en su día diseñaron las denominadas «minivacaciones fiscales».
El ministro de Presidencia del Gobierno español, el donostiarra Ramón Jáuregui, manifestó que una vez conocida la sentencia «lo que hay que hacer» es «devolver desde las empresas a las diputaciones las ayudas que recibieron».
Durante la vista oral celebrada en Luxemburgo el pasado 10 de mayo, los entes forales alegaron como una de las bases de su recurso que la Comisión nunca comunicó a las autoridades vascas, antes de la adopción de los regímenes en cuestión, «ni una sola duda» en el sentido de que pudieran ser ilegales. Al contrario, mostró una «actitud favorable».
En su sentencia, el Tribunal de Justicia desestima este argumento y señala que «la inacción de la Comisión durante el periodo comprendido entre 1996 y 2000 no podía interpretarse como una aprobación presunta de la ayuda, habida cuenta de la falta de notificación a la Comisión de los regímenes de ayudas y de la falta de colaboración de las autoridades españolas».
Además, el TUE considera que el Tribunal de Primera Instancia no violó el derecho a un proceso justo ni las normas procesales en materia de práctica de la prueba.
En tercer lugar, por lo que se refiere a los créditos fiscales del 45% del importe de las inversiones, la sentencia asegura que la Comisión no violó el principio de proporcionalidad al estimar que la obligación de las autoridades españolas de recuperar las ayudas debía aplicarse a la totalidad de las ayudas otorgadas, y no limitarse a los importes que sobrepasaran los límites máximos fijados para las ayudas de finalidad regional.
Sobre esta cuestión, el Tribunal de Justicia pone de relieve que las diputaciones no aportaron a la Comisión información que permitiera acreditar que, en ciertos casos individuales, algunas de las ayudas otorgadas eran compatibles con el mercado común, en particular por haber sido otorgadas respetando los límites máximos regionales aplicables en la Comunidad Autónoma Vasca y por cumplir todos los requisitos exigidos para acogerse a la excepción en favor de las ayudas de finalidad regional. Finalmente, el Tribunal de Justicia estima que la larga duración de los procedimientos no vulnera los principios de seguridad jurídica y de buena administración.
El TUE ya dictaminó el pasado 9 de junio que las «vacaciones fiscales» de 1993 -una exención del impuesto de sociedades durante diez años en favor de las empresas de reciente creación- eran también ilegales. I.I.
Gorka Maneiro, parlamentario de UPyD en Gasteiz y único electo de este partido en los tres herrialdes, aprovechó para reclamar el fin del Concierto Económico y afirmar que las diputaciones «antes o después, deberán desaparecer».
