El juicio contra dieciséis jóvenes de Oarsoaldea concluyó ayer en la Audiencia Nacional con una petición de condena de 8 años de cárcel para cada uno de los acusados por parte de la Fiscalía, y de entre 12 y 8 años en el caso de la acusación particular, representada por la AVT. En las dos semanas que ha durado la vista se han llevado a cabo varias comparecencias, movilizaciones como la multitudinaria marcha del fin de semana y otros actos de protesta contra un proceso que la mayoría social de este país entiende que busca castigar la militancia política de estos jóvenes. Pero el Ministerio Público ha hecho oídos sordos a este clamor y ha decidido mantener las acusaciones, un hecho que constituye todo un síntoma del enfoque con que el Gobierno español afronta el actual momento político en Euskal Herria. Y la lectura no puede ser sino negativa.

La Audiencia Nacional es desde su origen un instrumento del Estado en su política represiva contra las aspiraciones democráticas de este país, y como tal sigue condicionando la vida de cientos de ciudadanos y ciudadanas vascas, de forma especial la de un sector tan comprometido como el que representan los jóvenes. Pretender que estas dieciséis personas pasen cerca de una década encarceladas por mantener un compromiso militante con sus ideas independentistas y de izquierda supone un ataque contra las esperanzas de solución que hoy mantiene la sociedad vasca.

Este hecho se produce, precisamente, cuando desde algunas formaciones, especialmente el PNV, insisten en presionar a la izquierda abertzale y a agentes que han apostado por un escenario de paz, como Bildu, mientras mantienen una actitud contemporizadora con al Gobierno español que, como se ha visto en este juicio, insiste en su estéril estrategia represiva. El Estado tiene que acabar con esta dinámica e implicarse en un proceso de solución, y mientras eso no suceda todos los agentes deben demandárselo. Un primer paso debe ser la inmediata absolución de estos jóvenes.