ELA denuncia que las medidas de Patxi López favorecen a la patronal
Adolfo Muñoz, secretario general de ELA, denunció ayer que las medidas que el lehendakari Patxi López presentó a los diputados forales «son de derechas« y «encajan en los planteamientos de la patronal». Según añadió, sólo persiguen el recorte de los gastos sociales, sin tocar los bolsillos de las rentas empresariales y de capital. Dijo que PSE, PP y PNV están de acuerdo en ese «apoyo desmedido» al capital.
Juanjo BASTERRA |
ELA denunció ayer que las propuestas del documento que el lehendakari Patxi López entregó hace unos días a los tres diputados generales -Martín Garitano, José Luis Bilbao y Javier De Andrés-, son «globalmente negativas y empeoran, incluso, la situación actual».
Según precisó el secretario general de la central más representativa de Hego Euskal Herria, Adolfo Muñoz, Txiki, la iniciativa es «propia de un gobierno de derechas» y, a su juicio, «encaja en la posición de la patronal que nos dice un día sí y otro también que hay mucho que recortar a nivel social antes de que se suban los impuestos a las rentas empresariales y de capital».
Muñoz destacó, junto al responsable de Política Social, Mikel Noval, y Amaia Intxaurbe, del Gabinete Técnico, que si esta iniciativa va adelante provocará «mayores recortes sociales» y «más paro; todo con el objeto de no tocar a las rentas altas y empresariales».
Pidió a Patxi López que «no menosprecie un debate necesario en esta sociedad sobre la fiscalidad y las consecuencias directas sobre el empleo y las políticas sociales», pero añadió que el Lehendakari «no quiere que se hable de esto porque le retrata, junto al PNV y PP, en esa apuesta a favor de los beneficios de las rentas altas y de capital».
Además, ELA criticó que el diputado general de Gipuzkoa, Martín Garitano, dijera al término de la ciya que «`hay puntos de encuentro', porque ni en el empleo, ni en los recortes sociales ni en la fiscalidad hay signos de progreso. Todo está hecho para favorecer a los empresarios y a las rentas de capital». Para Muñoz es una postura que debería de corregirse.
Sobre las medidas de empleo que figuran en el documento de Ajuria Enea, Txiki Muñoz señaló que «no se concretan». Lamentó, sin embargo, que «a la patronal se le pone a su disposición mano de obra barata. El Gobierno de Gasteiz está dispuesto a financiar contratos precarios de seis meses con una subvención a los empresarios de hasta 2.300 euros al mes por trabajador». En el otro lado de la balanza, Txiki Muñoz indicó que «se anuncian más recortes en las prestaciones sociales y no se muestra voluntad alguna de garantizar el derecho de las personas dependientes al acceso a los servicios sociales».
En materia de fiscalidad, el documento del lehendakari Patxi López asume, según ELA, «el planteamiento de la patronal que nos dice que si se aumenta el pago de impuestos a las rentas altas se termina la inversión y la creación de empleo». Pero la central sindical insistió en que en el período de crecimiento económico «esas rentas de capital se han dedicado a la evasión y a llenar unos pocos bolsillos, pero no a crear empleo».
Muñoz dejó claro que en época de bonanza económica, que generó superávit en las arcas públicas, «se utilizó para reducir los impuestos a los que más tienen», pero en la crisis actual «no se quiere dar marcha atrás, una vez que han descapitalizado la Administración». Recordó, en este caso, que el documento incorpora medidas que «van encaminadas a hacer un sistema fiscal en el que la progresividad sólo se aplique a las rentas de trabajo».
Fraude fiscal y prestaciones
Del documento de Patxi López ELA criticó con dureza que habla de reducir el fraude fiscal, pero lo equipara al posible fraude en la percepción de prestaciones sociales. En este caso, Adolfo Muñoz recordó que «si todos defraudaran serían 300 millones al año, que es la cantidad que el Gobierno vasco destina a todas esas partidas sociales, mientras que por no aplicar una presión fiscal similar a la media de la UE se dejan de recaudar más de 6.000 millones» en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.
Criticó que en el documento faltan medidas concretas para hacer frente al importante fraude fiscal existente en las haciendas de Gipuzkoa, Bizkaia y Araba y remarcó que «ligar el fraude fiscal, con su enorme volumen económico, al fraude en la percepción de las ayudas sociales es muy peligroso. Favorece planteamientos xenófobos», según denunció.
Cambios en la tributación
Mikel Noval fue más explícito en cuanto a las modificaciones que Patxi López introdujo en el documento. Sí recordó que fue el lehendakari quien dijo que esas medidas se adoptarán entre las cuatro administraciones, o no se hará nada de forma individual si no hay consenso, «lo que confirma que es una campaña de imagen».
Noval indicó que «la propuesta nos plantea modificar la normativa para evitar la utilización de la ingeniería fiscal para reducir el pago de impuestos», pero admitió que «aunque ese ánimo va en la buena dirección, las propuestas concretas son meros retoques sobre la legislación actual». El restablecimiento del Impuesto sobre el Patrimonio o la tributación de Sucesiones y Donaciones «sólo son los que han tenido más repercusión».
Sin embargo, el responsable de Política Social de ELA recordó que «se plantea subir el máximo del IRPF del 45% al 47% a partir de rentas de 120.000 euros, pero es cosmético porque en los últimos años se rebajó del 56% al 45%», dijo.
Hay otras de «inmensa gravedad», como la reducción del 24% al 23% del Impuesto de Sociedades o la «eliminación de la progresividad en el IRPF a los rendimientos de actividades empre- sariales», ya que sólo se fija un tipo único del 23%, lo que supone un retroceso enorme y una actuación muy grave».
Muñoz recordó que en los quince años de bonanza económica, las arcas públicas acumularon superávit y, a cuenta de ello, se redujeron los impuestos a los empresarios y rentas altas. Pero se preguntó por qué en la crisis actual, «con déficit, no se sigue el camino contrario».
Ante la ronda de contactos del lehendakari Patxi López con los diputados generales, LAB reclamó «voluntad política para dar un giro radical al actual sistema tributario».
La central sindical que lidera Ainhoa Etxaide dijo que López «tiene una buena oportunidad para abrir el debate de la política fiscal».
LAB considera que es necesario «dar un giro radical al actual sistema tributario». Esta demanda choca, a juicio de la central sindical, «con el marco jurídico-político vigente, que establece unos límites muy estrictos». Entre otras razones, advierte de que «sólo el 45,5% de la recaudación por tributos concertados procede de impuestos que se rigen por normativa foral, en el resto de los impuestos no existen competencias normativas». La central sindical afirma que «hay margen suficiente» para introducir modificaciones en los impuestos directos «para aumentar la progresividad y mejorar la redistribución de la renta».
LAB sostiene que se debería recuperar el Impuesto de Patrimonio y el de Sucesiones. «Eliminar el trato de favor que reciben las rentas de capital en el IRPF y someter todas las rentas, cualquiera que sea su origen, a la misma escala progresiva de gravamen». También pide aumentar el tipo impositivo del IRPF para los tramos de renta más altos. «Revertir las sucesivas rebajas del Impuesto de Sociedades» y la eliminación de las «bonificaciones y reducciones en ese impuesto que hacen que las empresas sólo paguen, las que lo hacen, a un 12,7%». LAB critica que Patxi López «estableció sus propios límites a la reforma fiscal, porque trata de forma diferente rentas de trabajo y capital» y pidió «como prioridad» la persecución del fraude fiscal. J. BASTERRA
El portavoz del PSE-EE en las Juntas Generales de Bizkaia, Iñaki Egaña, presentó ayer una Proposición no de Norma por la que se insta al Gobierno de José Luis Bilbao a que se coordine con las diputaciones y el Gobierno de Lakua para establecer un plan de lucha contra el fraude fiscal.
Egaña reconoció, «según apuntan los informes», que el fraude fiscal ronda el 20% del PIB y traslada que «a los niveles de la presión fiscal vasca supondría entre 3 y 4 puntos del PIB, o lo que es lo mismo entre 2.000 y 2.500 millones». Sin embargo, la realidad de esas estimaciones indican que está muy por encima de esa cifra. El 20% del PIB, aunque la estimación oscila entre el 17% al 22%, supondría sólo para la CAV un fraude fiscal cercano a los 13.000 millones anuales que se dejan de recaudar. La mitad de esa cantidad correspondería a Bizkaia.
Además, el PSE reclamó a la Diputación de Bizkaia que sea más transparente a la hora de informar de los aspectos tributarios y de recaudación fiscal. Iñaki Egaña criticó al diputado general de Bizkaia porque «no quiere sumarse a la iniciativa de Patxi López». J. BASTERRA
La iniciativa de Patxi López fija el pago a un tipo único del 23% en los rendimientos de actividades empresariales, lo que supone para Mikel Noval «la eliminación de la progresividad en el IRPF» y «es una actuación muy grave».
