Desde la llegada del neoliberalismo a la política económica con la crisis de los setenta -impulsado por los poderes económicos del mundo, con Thatcher y Reagan como valedores políticos, legitimados por una enorme cohorte de académicos, sobre todo economistas-, asistimos a un continuo ataque a los derechos laborales, sociales y cívicos de las poblaciones de los países «desarrollados». La crisis actual, desde 2007 en adelante, está facilitando un nuevo y muy potente ataque a los intereses de estas poblaciones (lo que tampoco es obstáculo a que se intensifique la explotación de los demás pueblos del mundo globalizado).

En el Estado español, como en otros países de la denominada periferia de la UE, estos ataques se están ejerciendo con inusitada virulencia.

(...) A partir de marzo, la presión viene de instancias más potentes y se acentúa intensamente. A cambio del establecimiento de un fondo de ayuda financiera por si es necesario para rescatar a los países, y a través principalmente del Pacto por el Euro, la UE decreta una serie de medidas de envergadura que los países de la zona euro habrán de cumplir, supuestamente para impulsar la competitividad, el empleo, la sostenibilidad de las finanzas públicas, y reforzar la estabilidad financiera. (...)

España se da prisa en cumplir: Iberdrola ya ha logrado que sus salarios se negocien en función de la productividad y Telefónica seguirá un complicado sistema mixto (productividad e IPC); la ley sobre la economía sumergida ya se ha emitido por Decreto-Ley; ya estaba aprobada la reforma de las pensiones; los recortes en sanidad, educación, asistencia social, y todo el gasto público son drásticos. Asistimos a la continua implantación de políticas económicas severas y crueles con la mayoría de la población, que deterioran las condiciones de vida en todas sus facetas.

Aún hay aspectos más graves. Uno, que debido a su carácter fuertemente recesivo estas medidas no sirven para resolver la crisis, sino que implican el deterioro de la economía y, por tanto, la perpetuación de la crisis por un largo periodo (Grecia señala la evolución posible). Y segundo, que las medidas negativas para la población no se terminan, sino que seguirán ahondando en este deterioro. La reciente normativa sobre la negociación colectiva, que supone eliminar la fuerza de la misma, es un potente ataque a las condiciones laborales del futuro; además, los grandes empresarios que rigen la orientación de la política económica y sus asesores, el gobernador del Banco de España y la UE, señalan que las medidas de «austeridad» en curso han de completarse. Hasta explicitan que hay que finalizarlas antes de convocar elecciones. Este tipo de medidas no tienen límites, no se acaban nunca. Más y más de lo mismo, insisten.

Su objetivo de fondo no es otro más que, con la excusa de la crisis de la deuda, lograr disminuir de forma permanente el nivel de vida de la población, haciendo retroceder muchos años los derechos adquiridos con largas luchas para conseguir mantener y aumentar los beneficios que el capital necesita. No van a parar si no les forzamos a ello. Son insaciables.