El trabajador fallecido anteayer en Donostia es un número en las estadísticas. El 32. Ésa es la cantidad de fallecidos este año en accidente laboral, si se le puede llamar accidente a la consecuencia de unas condiciones de inseguridad y precariedad crecientes que en gran medida cuentan con el respaldo de las administraciones y, en muchos casos, también incurren en flagrantes ilegalidades, como la obra en la que ocurrió el accidente del pasado martes. Ese trabajador es también otro número, el 3, que contabiliza los fallecidos en un intervalo de sólo seis días. Pero, más allá de las estadísticas, y aunque no merezca la publicidad ni la calificación de alarma de los grandes medios, lo lamentable, además de la pérdida de vidas humanas y el dolor de familias y compañeros, son las causas de esos accidentes, causas al servicio del máximo beneficio, objetivo al que están supeditadas la seguridad y la salud de los trabajadores. La movilización de la mayoría sindical vasca convocada para hoy resulta, pues, además de comprensible, necesaria para denunciar y presionar no sólo a la patronal, sino también a las administraciones que se limitan a hacer grandilocuentes declaraciones cuando un accidente como el de hace tres días deja en evidencia la mezquindad causante de la siniestralidad laboral, en vez de actuar con el celo que exige la grave situación a la que los trabajadores están expuestos.