La directora general de Justicia e Interior, Inmaculada Jurío, compareció ayer para dar detalles sobre la decisión adoptada el miércoles de no otorgar más autorizaciones para celebrar festejos con reses bravas en Nafarroa si no están acompañadas de un certificado del arquitecto municipal que respalde la idoneidad del vallado.

La medida supone paralizar las peticiones realizadas por los ayuntamientos de Bera, Fitero, Barillas, Lizarra, Argedas, Funes, Muruzabal y Fustiñana, que confiaban en poder celebrar sus inminentes festejos taurinos amparados en la práctica habitual y legal hasta ahora de hacerlo con una autorización llamada «condicionada», concedida bajo el compromiso de acompañar el certificado del arquitecto municipal en un plazo de 10 días. Ésta era la autorización con la que contaba Lodosa y bajo la que celebró los tres encierros de las fiestas hasta que ocurrió el accidente del martes, de forma que el Ayuntamiento podía remitir el certificado técnico en días posteriores.

Jurío señaló que ya se ha transmitido a los ocho consistorios a los que se paraliza el trámite la necesidad de que acompañen su petición del correspondiente informe del arquitecto municipal previo a la celebración del encierro, un requerimiento al que dijo «todos los ayuntamientos han respondido favorablemente».

De hecho, desde Bera ya se ha presentado el certificado, mientras que Lizarra ha preferido suspender el encierro con novillos previsto para hoy por la tarde, y Fitero les ha comunicado su intención de remitir el informe técnico, lo que da muestra de que los ayuntamientos «son conscientes» de la necesidad de extremar las precauciones.

Se trata, en todo caso, de una medida tomada de forma provisional, que afectará a lo que resta del verano, a raíz de la muerte de Lodosa, si bien Jurío avanzó que ya habían previsto estudiar posibles modificaciones en el reglamento que regula la celebración de espectáculos con reses bravas. Confirmó su intención de reformar el reglamento de 1992, modificación que contará con la participación de los agentes implicados, que contemplará especificaciones técnicas como podrían ser el tipo de maderos, su grosor y longitud, entre otras exigencias para configurar el vallado, y se pretende esté en vigor en un año.

Preguntada sobre la reacción que este replanteamiento supone a posteriori de una muerte, la directora general de Justicia e Interior negó que la modificación sea «un parche» e incidió en que el nuevo Gobierno ya tenía «la intención» de revisar esta normativa, que reconoció que supondrá un desembolso económico a los ayuntamientos que se ajusten a ella porque probablemente deberán reforzar los vallados y gastar en ello.

«La pena es tener que actuar cuando esto ocurre», dijo Jurío respecto a la muerte de Félix de Luis, si bien respaldó el trabajo de la Brigada de Espectáculos de la Policía foral, que continúa examinando las circunstancias en las que el novillo rompió el vallado, aunque subrayó la «fuerza extrema» que puede tener un animal de 500 kilos en esas circunstancias.