El último informe del CES destaca: «la eficacia de las transferencias sociales en España para reducir el riesgo de pobreza es bastante menor que el promedio europeo. En 2009 lograron frenar la pobreza en un 20%, frente al 35% de la UE».

Esto explica la indignación creciente que se vive en la calle por ser España el país de la OCDE donde el Estado tiene menos impacto en la reducción de la pobreza. Ésta pasa de ser el 17,6% de la población, antes de que intervenga, a un 14,1%. Tres y siete veces menos que en EEUU y Suecia, respectivamente. La razón, una fiscalidad muy regresiva. ¡No quieren el dinero de los ricos!

Destaca también «el aumento de la pobreza se produce en paralelo a un incremento de la desigualdad bastante pronunciado desde 2008». En los dos últimos años «la renta de la población con mayores ingresos en España fue seis veces superior a la de la población con ingresos más bajos». Según el CES, está ocurriendo lo contrario que en la UE, donde la desigualdad «se mantiene o incluso está descendiendo».

«Hartos de los políticos, los islandeses eligieron un consejo de justos, en el que los ciudadanos propondrán la nueva Constitución, debatida en asambleas populares. En lugar de delegar el trabajo en un grupo selecto de elegidos, la responsabilidad de su hechura recae en el conjunto de la población en base a iniciativas legislativas populares (ILP), referéndum, sugerencias e ideas a los convencionistas a través de redes sociales. A los partidos políticos se les despojó de su autoridad y apoyo».

España es el país más restrictivo de la OCDE para promover ILP o referéndum. La Constitución limita severamente en base a la LO 3/1.984 vedando cualquier ILP... así nos va.