La reforma de la Constitución española, pactada por PSOE y PP, para reducir el techo de gasto y para «darle un nuevo `zarpazo express' a nuestra capacidad de decisión», como denunció ayer Bildu, ha generado importantes críticas. Maiorga Ramirez, portavoz de Bildu en el Parlamento de Nafarroa, registró ayer una pregunta para respuesta oral en pleno. En la misma inquiere al Gobierno de Yolanda Barcina sobre la postura que va a adoptar «al objeto de proteger el autogobierno y la autonomía financiera» ante el anuncio del presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.

Bildu criticó que el Gobierno foral del UPN-PSN se haya pronunciado a través del consejero de Economía y portavoz del Gobierno, Sánchez Muniáin, que avaló «como siempre, cualquier medida diseñada en Madrid, aunque lesione nuestra capacidad de definición económica».

Maiorga Ramirez, portavoz de Bildu, precisó que «la crisis económica ha puesto en evidencia más, si cabe, la necesidad de profundizar en la toma de nuestras propias decisiones y medidas económicas, y dejar de importar medidas diseñadas en Madrid, que son nefastas y que han tenido graves repercusiones en el empleo y en la calidad social». Criticó, por otro lado, que «limitar el recurso a la deuda en un futuro es renunciar a un instrumento fundamental para garantizar frente a los vaivenes del mercado, la progresión de una sociedad de calidad con unos servicios universales».

ELA, por su parte, señaló que el pacto entre PSOE y PP de limitar el déficit en la Constitución «supone un triunfo de la derecha económica para orientar los futuros recursos sociales».

La central sindical que dirige Adolfo Muñoz añadió que esa decisión supone poner «un límite a la actuación del sector público, que se concretará no sólo en más recortes sociales sino en más privatizaciones». Pero ELA también admite que esa decisión deja «al autogobierno en agua de borrajas», porque «cuestiona el Concierto y Convenio Económico, que los deja sin capacidad de decidir a nivel del déficit y la deuda».

Por eso, la central sindical afirma que «ningún abertzale, en opinión de ELA, puede dar el visto bueno a una decisión de esa naturaleza. Ningún abertzale puede condenar el futuro político de esta manera».

Reclama, por último, medidas similares a las adoptadas por la sociedad de Islandia «en contra de las políticas exigidas por los mercados y las entidades financieras, pero abriendo un proceso participativo para modificar la Constitución con asambleas populares, nada que ver con lo acordado por PSOE y PP».