«En crisis, lo importante es sostener el empleo, sin cualificarlo, sea temporal o indefinido, pero preferimos tener un empleo temporal antes que un parado». Palabras del ministro español de Trabajo, Valeriano Gómez, sindicalista de UGT y presente, hace menos de un año, en la cabecera de la manifestación celebrada en el marco de una huelga general contra la reforma laboral. Con un porcentaje de desempleo superior al 20%, el Ejecutivo de Madrid no oculta sus prioridades.

Bajo estas premisas, el Consejo de Ministros aprobó ayer un Decreto-Ley que tiene como principales iniciativas la suspensión durante dos años del límite al encadenamiento de contratos temporales, la creación de un nuevo contrato de formación para jóvenes sin cualificación y la prórroga por seis meses de la ayuda de 400 euros para parados sin ingresos.

El portavoz del Gobierno y ministro de Fomento, José Blanco, aseguró que este decreto es «una prioridad nacional» para la creación de empleo, sobre todo para los jóvenes que abandonaron sus estudios para trabajar en el sector de la construcción. En el Estado español hay 1,6 millones de desempleados menores de 30 años, de ellos 300.000 de entre 25 y 30 años sin cualificación para acceder a la formación profesional.

También se alarga, hasta finales de 2013, el periodo para poder transformar contratos temporales en fijos siempre que su duración no exceda de seis meses, se prorroga hasta 2013 el pago por parte del Fogasa de parte de las indemnizaciones por despido -aunque sólo en los casos de despidos procedentes- y se establece que en el plazo de seis meses a partir de su entrada en vigor habrán de tomarse las medidas necesarias para integrar el Servicio Público de Empleo Estatal y el Fogasa en un único organismo.

El Ejecutivo no abordó ningún cambio en materia fiscal, pese a los rumores en sentido contrario que apuntaban a la posibilidad de mayores gravámenes para las rentas más altas.

Continuar, pero no fijo

En lo referente al contrato temporal, se deja en suspenso durante dos años la norma en la que se establece que adquirirán la condición de fijos aquellos trabajadores que en un plazo de treinta meses hubieran estado contratados durante más de dos años, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas mediante dos o más contratos temporales.

El Ejecutivo justifica esta medida argumentando que el límite actual, «lejos de fomentar la contratación indefinida», produce «efectos indeseados» de no renovación. «Lo que pretende el Gobierno es que no se destruya empleo, aunque sea temporal, que no se despida a esos trabajadores a los que los empresarios no pueden hacer indefinidos», defendió Valeriano Gómez.

En prácticas hasta los 30 años

Respecto al contrato de formación, el Gobierno ha decidido establecer una duración mínima de un año y dos como máximo, prorrogable por otro año más si el proceso formativo lo exige. Se podrá realizar con jóvenes de entre 16 y 25 años que carezcan de cualificación profesional alguna, si bien, hasta el 31 de diciembre de 2013, podrá efectuarse con personas de hasta 30 años sin cualificación profesional.

Las empresas que, al finalizar su duración, transformen estos contratos en indefinidos, podrán disfrutar de una reducción en la cuota empresarial de la Seguridad Social de 1.500 euros al año durante tres años. En el caso de las mujeres, la rebaja será de 1.800 euros anuales.

El trabajador podrá solicitar un certificado de profesionalidad en función de la cualificación adquirida. El tiempo de trabajo efectivo no podrá superar el 75% de la jornada y deberá ser compatible con el dedicado a las actividades formativas. «La protección social será exactamente la misma que para cualquier otro contrato», destacó el ministro de Trabajo, quien rechazó que sea un «contrato basura».

«Una aberración»

Las medidas cosecharon un aluvión de críticas. Desde los sindicatos mayoritarios en el Estado español, UGT las tildó de «parciales, equivocadas y muy negativas», mientras que el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, subrayó que «pretender que una persona de 30 años trabaje como aprendiz es un auténtica aberración».

Tanto las patronales españolas CEOE y Cepyme, como la vasca Confebask, lamentaron que no se reforme, dotándole de una mayor «flexibilidad», la contratación a tiempo parcial.

Las organizaciones empresariales coincidieron también en que las nuevas medidas de formación y temporalidad no servirán para reducir el desempleo entre los más jóvenes

Las dos principales asociaciones de trabajadores autónomos, UPTA y ATA, criticaron que el Gobierno Zapatero no haya incluido medidas para fomentar el empleo de los jóvenes emprendedores.