El Gobierno de Nafarroa venderá próximamente doce coches institucionales de su parque móvil, lo que supondrá esta legislatura un ahorro de 284.000 euros en mantenimiento, según anunció ayer el consejero de Presidencia y vicepresidente del Ejecutivo, Roberto Jiménez, quien abogó por «una mayor austeridad en este aspecto».

El parque móvil del Gobierno navarro, explicó Jiménez, se compone actualmente de 53 vehículos, de los que 37 son «institucionales» y 16 corresponden a los departamentos.

Desveló que la compra de los 37 vehículos institucionales ha supuesto a lo largo de los años un desembolso de 2,3 millones de euros, con un precio medio de 64.148 euros, y que a fecha de hoy su valor es aproximadamente de 734.000 euros.

Estos vehículos están al servicio de 18 usuarios: diez miembros del Gobierno navarro (la presidenta, los ocho consejeros y la directora general de Interior), tres ex presidentes (Miguel Sanz, Juan Cruz Alli y Jaime Ignacio del Burgo), los presidente del Parlamento, del Tribunal Superior de Justicia y de la Cámara de Comptos, el Defensor del Pueblo y el fiscal jefe.

En este lista difundida ayer por Jiménez no se incluye a los dos ex presidentes de su partido, el PSN, Gabriel Urralburu y Javier Otano, que dimitieron tras verse implicados en casos de corrupción. El primero fue condenado a cárcel.

También llama la atención que Del Burgo, que fue presidente de la Diputación Foral de abril de 1979 a abril de 1980 -cuando fue destituido por su implicación otro episodio de corrupción, el «caso FASA», del que posteriormente fue absuelto- y de enero a mayo de 1984, siga teniendo a su disposición coche oficial 27 años después.

Los vehículos que se van a vender, mediante subasta o «procedimiento similar», son seis Volkswagen Phaeton, un BMW 715 y cinco Audi A6, con lo que la flota de vehículos institucionales pasará de 37 a 25 automóviles.

El gasto en reparaciones alcanzó, durante la pasada legislatura, los 443.000 euros, y asimismo el gasto en seguros supuso 52.000 euros y el gasto en carburante ascendió a otros 381.000 euros.

Jiménez aseguró que ha decidido intervenir en el parque móvil porque es un tema que, en época de crisis, «resulta muy sensible para los ciudadanos».