En apenas cuatro días, la Constitución ha pasado de ser un tótem intocable a estar en proceso de modificación acelerado para incluir el principio del techo de endeudamiento, impuesto por Angela Merkel y Nicolas Sarkozy. PSOE y PP registraron ayer la propuesta que será vista en el Pleno del Congreso el martes, entre un mar de fondo de protestas que afectan al propio seno del PSOE y se extienden hasta el independentismo vasco.

Sectores progresistas y soberanistas de todo el Estado, aunque con muchos matices, coinciden en dos críticas: que la re- forma es un ataque al autogobierno de instituciones autonómicas y locales, al imponerse el ajuste presupuestario por vía constitucional, y que consagra políticas de derechas, ya que las partidas sociales serán las paganas. Todo ello se hace, además, con máxima urgencia, en verano y sin que se contemple un referéndum, aunque cada vez son más las voces que lo proponen, incluso dentro de fuerzas políticas «de orden» como CiU.

El rechazo es mayor en Euskal Herria y Catalunya. Así, la izquierda abertzale tilda esta maniobra de «auténtica LOAPA político-económica para Hego Euskal Herria», en alusión a la norma que puso límites al proceso descentralizador posfranquista justo después del 23-F. «La reforma impulsada por PSOE y PP significa la imposición constitucional del modelo neoliberal presupuestario, condicionando totalmente las políticas públicas de las instituciones autonómicas», advierte.

Tras esta reforma, la izquierda abertzale ve más claro aún que «necesitamos la independencia para articular un ámbito vasco en términos políticos, económicos, sociales y culturales. La economía vasca tiene condiciones suficientes para abordar políticas presupuestarias y fiscales que garanticen un modelo justo de reparto justo de la riqueza», dice. Y añade que «resulta sumamente grave, pero a la vez clarificador, que el PSOE y el PP aborden la reforma constitucional a demanda de Angela Merkel, cuando la Constitución española y su inalterabilidad han sido utilizadas como tope para bloquear exigencias democráticas mayoritarias de la sociedad vasca sobre su reconocimiento nacional y derecho a decidir».

Desde el PNV, el diputado Josu Erkoreka remarca también que «toda la parafernalia» desplegada hasta ahora contra una reforma constitucional «no era más que una pose irrelevante», porque la modificación «es posible, es viable e incluso se puede llevar a cabo en un tiempo récord si existe el consenso de las fuerzas mayoritarias». Por su parte, ayer tarde en Zarautz Iñigo Urkullu también censuró el proceso pactado por PSOE y PP e instó a Patxi López a intervenir porque «afecta también al autogobierno vasco, nuestras competencias propias, a la definición de cuáles son las políticas económicas y fiscales».

Al margen de este debate, los jelkides sí se muestran más receptivos ante el criterio de limitar el déficit, aunque «no de petrificarlo». Habrá que ver qué postura toman finalmente en el Congreso después de que PP y PSOE hayan optado por una fórmula intermedia, consistente en incluir en la Constitución sólo el criterio genérico y regular después por ley cuál es el porcentaje tope de deuda tolerable.

Siguiendo en Euskal Herria, una formación que se presenta como partidaria del autogobierno no ha tenido reparo alguno en sumarse a esta reforma. Se trata de UPN. Su presidenta, Yolanda Barcina, defendió ayer que es «muy urgente», por lo que instó a «no perder el tiempo en debates políticos». La apuesta de UPN por el «déficit cero» tiene otro aspecto llamativo, ya que los gobiernos de Miguel Sanz han llevado a Nafarroa a ser la quinta comunidad más endeudada del Estado en términos porcentuales.

Catalunya y Galicia

Pero es en Catalunya donde el PSOE tiene más problemas. Si bien el PSE y el PSN no han levatando la voz, el PSC -que dispone de grupo propio en el Senado y en principio tiene autonomía de voto- se muestra disconforme tanto con la forma como con el fondo de la reforma.

Varios dirigentes han mostrado su rechazo, hasta el punto de que técnicamente es posible que usen sus votos para forzar un referéndum, aunque políticamente parece muy improbable por el golpe bajo que supondría para los líderes estatales del PSOE en un momento preelectoral como éste. En cualquier caso, el candidato a La Moncloa, Alfredo Pérez Rubalcaba, no las debía tener todas consigo cuando ayer indicó que él también ha tenido dudas sobre el tema y ofreció «cierta flexibilidad» para ampliar el consenso sin romper el pacto con el PP.

Estas contradicciones entre PSOE y PSC se incrementaron ayer cuando el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, propuso un referéndum el mismo 20-N, junto a las elecciones estatales.

Más claro aún lo tiene ERC. Su portavoz en el Parlament, Anna Simó, tilda de «aberrante» la reforma constitucional y avisa de que es un ataque al autogobierno catalán y un corsé para las políticas sociales.

En Galicia, el BNG proclama también su «rechazo rotundo» a la reforma exprés, con argumentos similares. Para su portavoz en Madrid, Francisco Jorquera, el retoque de la Consti- tución «convierte en papel mojado la autonomía financiera».

Y la izquierda española

También la izquierda española se revuelve contra este proceso inesperado de reforma constitucional. El movimiento 15-M reivindica un referéndum, en una dinámica que se está canalizando sobre todo a través de internet pero que también tendrá plasmación en la calle. Así, como ejemplo en Donostia el 15-M ha convocado una manifestación mañana a las 19.00, partiendo desde el Boulevard.

Otro tanto harán representantes sindicales de UGT y CCOO en algunas comunidades como Andalucía; habrá manifestaciones.

Por su parte, el diputado de IU, Gaspar Llamazares, anuncia una enmienda a la totalidad contra la reforma por trami- tarse «con nocturnidad y de manera sumarísima» y por estar «al servicio de los mercados en vez de tener un carácter social e ir a favor de las autonomías».