Las reacciones a la reforma constitucional acordada entre el PSOE y el PP están dibujando una realidad que exige una reflexión y un comentario. Tanto por las formas -bajo presión externa, en verano y tiempo récord, sin debate público y contra toda razón de lo que ha sido el dogma de la constitucionalidad, es decir, ser intocable y sacrosanta- como por los contenidos -amputación de derechos históricos, recentralización del modelo autonómico, convertir las exigencias del liberalismo en ley de leyes e imponer nuevas medidas antisociales-, las críticas se han generalizado y han vuelto a revelar una fotografía interesante. A saber: los que apoyaron la legalización de Bildu -desde el PSC hasta el PNV, pasando por ERC, IU, BNG, CIU y multitud de sectores extraparlamentarios, con matices y contradicciones, vuelven a aparecer unidos frente a esta reforma exprés.

Abierto el melón constitucional y asumida ya como inevitable la llamada segunda transición, la fotografía refleja la existencia de una amplia masa crítica que reclama una verdadera transición democrática, que puede condicionar -y hacerlo a mejor- la dirección que ésta vaya a tomar. Esboza una nueva correlación de fuerzas. Compactar los diferentes intereses en torno a esa propuesta sería factible y también determinante de cara a un futuro próximo.