El Gobierno español no cree que tenga que dar más pasos que «los pasos detrás de los terroristas a efectos de detenerlos y ponerlos a disposición judicial». Tampoco ve conveniente participar en una verificación internacional del alto el fuego de ETA, que por otro lado constata que se está cumpliendo. Y se mantiene a la espera de que la organización armada «renuncie a la violencia», pero sin aclarar cuál será la respuesta del Estado español si se produjera ese escenario. Así lo afirmó ayer el nuevo ministro del Interior, Antonio Camacho, en los micrófonos de Radio Euskadi.

Camacho argumentó que en este momento «no se puede trabajar como si la banda hubiera abandonado definitiva e irreversiblemente las armas y fuera necesario verificarlo internacionalmente». En su opinión, «no se trata por tanto de que la pelota esté del lado del Gobierno, sino que la pelota está del lado de la banda».

En consecuencia, el sustituto de Alfredo Pérez Rubalcaba descartó que vayan a aceptar una verificación internacional por el momento, y tampoco aclaró qué ocurriría si ETA diera nuevos pasos. Junto a ello, defendió que gane quien gane las elecciones del 20 de noviembre próximo «nada debe cambiar» en la política del Gobierno español sobre Euskal Herria, porque «es mejor no cambiar las cosas cuando funcionan». También insistió en intentar argumentar que si la izquierda abertzale ha cambiado de estrategia no ha sido por voluntad propia, sino por la presión de las FSE.

«Traslado masivo, no»

Preguntado por la política carcelaria, Camacho afirmó que el actual gobierno «hace lo mismo que todos los gobiernos: aplicar la ley, atendiendo a la situación particular de cada uno de los internos». Y quiso dejar claro que no va a haber un «traslado masivo» a cárceles vascas.

Esta afirmación tuvo una réplica inminente desde la rueda de prensa conjunta ofrecida por la izquierda abertzale, EA y Alternatiba en Bilbo [más información en página 2]. Pello Urizar, presidente de EA, respondió al ministro del Interior que lo que demandan es precisamente «que cumpla la ley española en todo lo relacionado con la política penitenciaria. Tampoco estamos pidiendo nada del otro mundo». Propuso que luego «Camacho haga los pronunciamientos que quiera, pero que cumpla la legislación».

Urizar recordó que en ningún punto de la legislación vigente se establece que «tiene que haber dispersión» o se impone el alargamiento de condenas. Y trajo a colación que, por el contrario, sí está estipulado que «todos aquellos presos con enfermedades terminales o que hayan cubierto las tres cuartas partes deberían estar en casa».