La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió ayer la apertura de diligencias previas para investigar la colocación de carteles en favor de los presos políticos vascos en el inicio de las fiestas del municipio de Leitza. Además, el fiscal jefe, Javier Zaragoza, solicita que se tome declaración como imputados al alcalde de la localidad navarra, Oier Eizmendi, y a otras dos personas presentes en la balconada de la Casa Consistorial durante el lanzamiento del cohete.

Estas peticiones fueron realizadas tras recibir un informe elaborado por la Policía Foral, un texto en el que se recogían una serie de actos constitutivos, a su parecer, de un delito de «enaltecimiento al terrorismo». UPN se mostró indignado por lo ocurrido en Leitza.

Llama la atención que entre los citados actos se mencione la colocación de «un mapa de Euskal Herria» como un ejemplo de las supuestas ilegalidades cometidas en el arranque festivo.

Las imputaciones afectan a Eizmendi, a Lourdes Juantorena y a Saioa Iraola. El fiscal trató de justificar el requerimiento judicial alegando que estas dos mujeres portaban fotos de la presa política Jone Lozano, detenida por la Policía francesa el pasado mes de marzo en el Departamento de Indre.

Por su parte, la imputación del alcalde fue defendida por Zaragoza con el argumento de que el primer edil, perteneciente a Bildu, es el responsable del programa de fiestas del municipio. Un programa en el que se dice que se incluía la celebración de un brindis a favor de la repatriación de los presos políticos a Euskal Herria.

Sin novedades

Por otro lado, ayer el consejero de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior del Gobierno de Nafarroa, Roberto Jiménez, anunció que «no va a haber ninguna novedad en la lucha contra el enaltecimiento del terrorismo» y remarcó su «total confianza» en la labor realizada por la Policía Foral.

Dicha declaración choca con las palabras dichas un día antes por la presidenta de Nafarroa, Yolanda Barcina, quien anunció la puesta en marcha de nuevas medidas para evitar los «espacios de impunidad, de enaltecimiento del terrorismo y la distorsión de la realidad institucio- nal navarra». La colisión se produce por tanto entre la máxima mandataria del Ejecutivo y el responsable directo de Interior.