La Federación Latinoamericana de Asociaciones de Detenidos Desaparecidos acaba de cumplir treinta años. Tres décadas en las que se han enfrentado a la crueldad y mentiras de los estados, a la indiferencia de los medios, a la pasividad de gran parte de la sociedad civil, a la implicación directa o indirecta de los poderes judiciales y a la connivencia de las grandes empresas que veían en la «Doctrina de Seguridad Nacional» -imperante en América Latina en los años 60, 70 y 80- un filón para sus intereses. Con la instauración de la llamada «democracia», esas asociaciones tuvieron luego que luchar contra las leyes de amnistía que, con diferentes nombres y matices, nacieron para legalizar la impunidad y apuntalar el silencio.

Se calcula que desde 1960, 204.994 personas han desaparecido sólo en América Latina. En los primeros puestos están Colombia, Guatemala y Argentina. Tras una reciente visita a Colombia, el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Christian Salazar, cifró en 57.200 el número de desaparecidos en este país y en más de 3.000 las fosas comunes aún sin exhumar.

Pero las desapariciones no pertenecen exclusivamente al pasado. Según los datos que maneja esta federación, en los últimos cuatro años ha habido 4.000 detenidos-desaparecidos en México. Y en Honduras también se ha incrementado esta práctica tras el golpe contra Manuel Zelaya.

La presión popular y el cambio de cultura política ha obligado a los gobiernos a cambiar su postura, aunque sea tímidamente. Mientras en Argentina proliferan los juicios por delitos de lesa humanidad, en Brasil comienzan a hablar de las consecuencias de la represión, en Guatemala se ha logrado crear la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas Forzadamente. Lamentablemente, en Uruguay los diputados han optado por mantener la Ley de Caducidad.

La mejor manera de celebrar este aniversario sería que no hubiera necesidad de este tipo de asociaciones. Pero la realidad parece caminar por otra senda.