Las obras del Tren de Alta Velocidad se han cobrado una nueva víctima mortal, en este caso, un trabajador portugués de 47 años de edad, que falleció en Tolosa cuando conducía un camión hormigonera a las cuatro de la mañana. Los accidentes relacionados con este proyecto mantienen una cadencia inaceptable -el último siniestro de produjo hace apenas una semana- y el número de trabajadores muertos no hace más que aumentar, sin que las instituciones implicadas en la obra hagan nada efectivo por evitarlo. Los fallecidos responden a un perfil que representa a gran parte de las personas empleadas en esta infraestructura, que son obreros llegados de fuera de Euskal Herria, con una pésima situación laboral, con jornadas que superan las doce horas y que trabajaban sin las condiciones de seguridad necesarias, según denunciaron ayer las centrales sindicales. Una aberración desde cualquier punto de vista frente a la que no se puede argumentar que estos accidentes sean fruto de la mala suerte, la fatalidad o cualquier otro lugar común que las autoridades utilizan en estos casos.

El Tren de Alta Velocidad se está construyendo con la oposición de una buena parte de la sociedad vasca -imposible cuantificarla si se impide consultar a la ciudadanía-, incluidos los gobiernos de la mayoría de las localidades a las que está previsto que afecte su trazado, y además, para ello, se está utilizando a trabajadores subcontratados que son sometidos a unas condiciones penosas que propician accidentes, en algunos casos, como ayer, con consecuencias irreparables.

Estamos, por tanto, ante una muerte que tiene unos claros responsables, y esos no son otros que aquellos que frente a la opinión de la ciudadanía y sin importarles siquiera en qué condiciones se está construyendo, han decidido que el TAV se va a hacer, sí o sí. Aquellos que han hecho de esta obra no sólo un negocio, suculento para algunos empresarios pero ruinoso para las arcas públicas, sino también una cuestión de Estado.