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La muerte de Mari Puy Pérez se salda con una condena pactada de 16 años de cárcel
La desaparición de la vecina de Lizarra Mari Puy Pérez y el posterior hallazgo de su cadáver, enterrado en Sesma, convulsionó a la sociedad vasca hace dos años. Ahora se ha saldado sin juicio siquiera: las dos partes pactaron ayer 16 años y 6 meses de cárcel para su ex pareja.![p012_f01_199x113.jpg p012_f01_199x113.jpg](/Repository/Imagenes/Pub_3/Issue_6616/p012_f01_199x113.jpg)
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El autor confeso de la muerte y ocultamiento del cadáver de la vecina de Lizarra María Puy Pérez, de 50 años, ha sido condenado a 16 años y 6 meses de cárcel, tras una sentencia emitida de conformidad entre las acusaciones y la defensa.
La decisión llegó por sorpresa, ya que el juicio estaba previsto para finales de este mes, pero la conclusión se adelantó sin previo aviso. Asociaciones contra la violencia machista ya habían anticipado su intención de concentrarse ante la Audiencia de Nafarroa en esa fecha para exigir justicia.
José María Morentin, en la actualidad en prisión, ha sido condenado por «asesinato» con la concurrencia de las circunstancias agravantes de parentesco y aprovechamiento del lugar y, por contra, las atenuantes de confesión y alteración síquica.
Acusado de haber matado a su expareja sentimental el 11 de octubre de 2008, tenía señalado el juicio para el próximo día 26, pero la vista se adelantó a ayer, según informó el Tribunal Superior de Justicia en un comunicado posterior, tras el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía, la defensa y la acusación particular.
Morentin ha aceptado así ser condenado a 15 años y 9 meses de prisión por el «asesinato» y a otros 9 meses más de cárcel por un delito de quebrantamiento de medida cautelar, ya que desde noviembre de 2007 tenía prohibido judicialmente acercarse a su excompañera a menos de 150 metros y comunicarse con ella por cualquier medio.
Pide perdón
Al respecto, el Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa ha precisado que el procesado, que también deberá indemnizar con 45.000 euros a cada uno de los dos hijos de la víctima, de 23 y 26 años cuando se cometió el crimen, ha reconocido los hechos y ha pedido perdón a la familia de su expareja.
En las conclusiones definitivas presentadas de común acuerdo por las partes a la sala se reconoce así que, a pesar de la orden judicial de alejamiento dictada en 2007, desde mayo de 2008 el acusado se citó y comunicó con la mujer en varias ocasiones.
La última cita, puntualizan, fue el 11 de octubre de 2008 a las 22.00 en las inmediaciones del «Puente de la cárcel» de Lizarra, desde donde ambos se dirigieron en coche hacia Lodosa.
Sin embargo, a la altura del kilómetro 30,800 de la carretera NA-129 Morentin introdujo el vehículo en un tramo no asfaltado por el que circuló unos 380 metros, hasta que detuvo la marcha para que la mujer pudiera orinar.
Varias puñaladas
Cuando la víctima estaba de espaldas y en un lugar sin luz, el acusado le asestó varias puñaladas en el cuello y el pecho que le causaron la muerte.
El cadáver no fue localizado hasta junio de 2009 cuando el procesado se puso en contacto con los agentes encargados de la investigación y, tras reconocer que había matado a María Puy Pérez, les indicó el lugar donde de forma separada había enterrado el cuerpo.
Durante todos estos meses Morentin fue señalado como el principal sospechoso, e incluso resultó detenido en alguna ocasión por altercados, pero la Policía Foral recurrió a un método de investigación basado en tratar de ganarse su confianza. Según se explicó en su día, uno de los agentes consiguió finalmente que José María Morentin se abriera y confesara los hechos y la localización del cuerpo.
La última noticia de que el Ayuntamiento ya ha firmado la orden de desalojo del gaztetxe de Errekalde volvió a desatar ayer la movilización en el barrio, a través de una burrunba animada de apoyo a Kukutza. Los vecinos inciden en alertar de que el riesgo de irrupción en el local para su derribo puede ser inminente, pero al mismo tiempo recalcan que el conflicto se puede solucionar con voluntad política y que así lo ha reconocido el propio Consistorio. Por eso, subrayan que no esperarán cruzados de brazos. Cientos de personas se echaron a la calle con cacerolas para asegurar que «nos tienen que oír».
Colectivos contra la violencia machista habían convocado una concentración el día 26, en que estaba prevista la vista oral, pero el acuerdo entre las partes hizo que el caso quedara zanjado ayer y se informara de él en una nota de prensa posterior.