Tras la muerte de Franco se escenificó, ante la comunidad internacional, un proceso de cambio y apertura democrática en la política del Estado español. Para ello inventaron una leve reforma del régimen dictatorial; pero las viejas estructuras del Estado pasaron incólumes y totalmente activas a la nueva fase histórica. El Estado siguió generando violencia y represión, provocando centenares de muertes directas por acciones violentas y decenas de miles de represaliados.

La legislación desarrollada entre 1991 y 2011, mediante la que se ha querido abordar las consecuencias de este contexto de violencia, ha tenido por objeto regular el reconocimiento de derechos, fundamentalmente, a aquellos afectados por las acciones de ETA. Esto se ha materializado en cuantiosas indemnizaciones económicas y homenajes institucionales para unos y olvido y desprecio para otros, destruyéndose así el principio de igualdad ante la ley, fundamento ineludible de las sociedades democráticas. La ponencia creada el 31 de marzo de 1999 en el Parlamento de Gasteiz fue una pieza más de este conjunto normativo discriminatorio, toda vez que las reivindicaciones del 80% de los comparecientes (victimas del genocidio franquista y el terrorismo de Estado), fueron sistemáticamente desatendidas.

El 11 de julio de 2011 se ha constituido una nueva ponencia para tratar sobre las víctimas de violaciones de Derechos Humanos cometidas por las fuerzas y cuerpos armados del Estado y bandas terroristas afines. En su base se encuentra un informe previo que contiene graves manipulaciones históricas, jurídicas y políticas. Su claro objetivo es justificar la aplicación de eximentes y atenuantes sobre sus responsables, dependiendo del momento histórico en que se come- tieron los crímenes y de quienes fueron sus causantes.

Durante los meses de julio y agosto, Lau Haizetara Gogoan se ha reunido con todos los partidos que componen la ponencia parlamentaria (salvo el PSE que no ha mostrado disposición favorable a ello). Hemos realizado ante ellos un análisis crítico de los procedimientos y resultados de la ponencia de 1999 y también les hemos presentado un plan de trabajo para poner las bases necesarias para abordar, de manera integral, la superación de las situaciones de grave vulneración de los Derechos Humanos. Bases que se incardinan en la legalidad internacional y en el desarrollo de los tres ejes fundamentales de la justicia transicional: verdad, justicia y reparación, incluidas las garantías de no repetición.

En cuanto a la verdad, en esta ponencia no se establece ningún mecanismo efectivo para investigar las causas y las consecuencias de las vulneraciones de derechos. Se vuelve a discriminar a unas víctimas frente a otras, incluso en la fijación de los periodos a analizar ya que, para elaborar el censo de víctimas de ETA, se ha instituido iniciarlo en 1960, sin que se establezca fecha de finalización. La fecha inicial se fija en base a la mentira, repetida mil veces, de que la primera víctima de ETA fue la niña Begoña Urroz (muerta en una acción del grupo armado DRIL). En cambio, para las víctimas provocadas por el Estado, la fecha de inicio es 1968 (coincidiendo con la fecha real en que se produjo la primera víctima mortal de ETA), cuando debería establecerse en 1936 y, al igual que en el caso anterior, la fecha final debería quedar abierta.

En las actuales condiciones es imposible investigar la verdad acerca de los más de 13.000 casos de muerte y desaparición forzada del periodo 1936-1959; ni sobre los centenares de muertos y más de 1.200 heridos provocados por el Estado entre 1960 y 2010, o sobre los más de 6.000 casos de tortura de este mismo período. Todo esto sin contar con los casos de robo de niños, exilio, deportación, confinamiento, persecución de género y violencia sexual, represión social y económica, etc.

En el plano de la justicia, no se procede a establecer una metodología de análisis y categorización de vulneraciones de derechos, ni se establece un protocolo de recogida de testimonios, su trascripción y validación por la ponencia.

En cuanto a la reparación, las medidas anunciadas se limitan a una serie de «ayudas» económicas, vinculadas a la voluntad asistencial del propio gobierno. No se habla de indemnizaciones, concepto ligado al derecho de las víctimas a ser resarcidas por el Estado por el daño causado. El agravio comparativo frente a otras víctimas adquiere su dimensión más vergonzosa si nos fijamos en la dotación económica que se anuncia: 180.000 euros en total. Si tenemos en cuenta que la ley de «víctimas del terrorismo» aprobada por el Congreso español, en el presente año, fija en 250.000 euros la indemnización para cada caso de fallecimiento, se ve claramente la intencionalidad discriminatoria del Gobierno Vasco.

Para poner tan solo un ejemplo, que sirva como contrapunto a esta situación, cabe señalar el caso del Gobierno de Paraguay, que ha establecido, este mismo año, una dotación de cinco millones de dólares para indemnizar a 244 de las víctimas de la dictadura del general Stroessner.

Pasado mañana, 14 de septiembre, se celebrará la primera sesión de la ponencia de víctimas. La primera compa- recencia será del propio Gobierno Vasco; un Gobierno que está dirigiendo sus actuaciones en sentido contrario al definido por la legalidad internacional, con el objetivo de consolidar el apoyo parlamentario de la derecha de siempre a su estrategia discriminatoria.

Hablan de paz y convivencia pero aprueban leyes que avalan y amparan el terrorismo de Estado.

En 1976 se comenzó a escenificar ante el mundo un cambió de régimen, pero las estructuras del viejo Estado perduraron y siguen manteniéndose en la impunidad. Estas son algunas de sus consecuencias.

(*) Firman también este artículo Antxon Gomez, Iñaki Astoreka y Esteban Gota.