Cascada de rechazos a los recortes previstos por el Gobierno navarro
Bildu, NaBai y ELA, entre otras organizaciones políticas, sindicales y sociales, se han posicionado en contra del recorte de 327,2 millones hasta fin de año del presupuesto del Gobierno navarro de coalición. ELA afirma que el recorte este año suma el 1,7% del PIB, 3.845 millones.
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La decisión del Gobierno foral navarro de reducir el gasto en el presupuesto de este año en 327,2 millones y en un 2,9% el presupuesto para 2012 provocó en Nafarroa una cascada de reacciones de Bildu, NaBai y ELA en contra del Gobierno de UPN y PSN. Alvaro Miranda, responsable de Economía y Hacienda, destacó que «un gran reto es que vamos a intentar que el recorte no tenga efectos en los servicios básicos».
El Gobierno foral calculó además que este año el PIB crecerá en un 1,7% y un 1,9% en 2012, para el que también espera una mejora de la recaudación fiscal. Al respecto, Miranda señaló una vez conocida la recaudación del Impuesto de Sociedades, que los ingresos fiscales de 2011 «van bien» porque son un 6,1% superiores a los de 2010, en total 180 millones de euros más. «Es una evolución buena, pero no lo suficientemente buena», precisó.
Bildu explicó que esos recortes supondrán «un tijeretazo» del Gobierno de UPN al estado de bienestar y «está avalado» por el PSN», aunque la consejera del área de Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud, Elena Torres, dijo que no afectará a las políticas sociales, «que se mantendrán en esta legislatura».
El portavoz parlamentario de Bildu, Maiorga Ramirez, pidió la comparecencia en la Cámara del consejero Miranda para que informe de los planes del Ejecutivo, y mostró «la preocupación» de su grupo por «las consecuencias del ajuste de gasto en servicios públicos básicos y en la implantación de herramientas necesarias para salir de la crisis y activar el empleo».
Ramirez explicó que «UPN ha demostrado durante años cuáles son sus prioridades en la gestión, y precisamente los pilares del estado del bienestar no están entre ellos, por lo que nos debemos temer un tijeretazo profundo en estos ámbitos, todo ello avalado como viene siendo habitual por el PSN», según precisa en un comunicado. Bildu ha preguntado también al Gobierno por la política fiscal y la reimplantación del Impuesto de Patrimonio en territorio navarro. Además presentó otra pregunta sobre «los retrasos en que se producen en las devoluciones del IVA a los autónomos», tal y como denunciaron desde la asociación hace unos días. Este asunto «exige que se resuelva cuanto antes dada la especial importancia que tiene en un tiempo de crisis», dijo Maiorga Ramirez.
NaBai, por su parte, mostró su preocupación porque el Gobierno navarro «retrase» la recuperación con los recortes de gasto, por lo que ha pedido una reforma fiscal que modernice el sistema y el uso del presupuesto como instrumento de política económica después de «las trampas realizadas con el déficit» y «la chapuza de gestión».
El parlamentario de NaBai Juan Carlos Longás aventuró que con esos recortes anunciados «terminarán muy afectados los servicios públicos básicos, que no sólo son los que afectan a la calidad de vida de los ciudadanos sino que tienen implicaciones económicas de largo alcance, de forma que la recupe- ración se complicará».
A su juicio, «la gestión económica en Navarra ha sido una chapuza desde el mismo momento que empieza la crisis» porque «se ha dejado todo a lo que ocurriera en Alemania y Francia. Cuando allí han ido bien las cosas, aquí se ha hecho una previsión de ingresos que ahora no se cumple y la única respuesta es el control del gasto después del error de bulto. Eso no es política económica, sino ejercicio contable».
ELA, por su parte, afirmó que los recortes decididos por el Gobierno de UPN y PSN «traerán más paro y más crisis». Recordó que «el hecho de que se decida en Madrid el déficit máximo que se vaya a aplicar en Navarra supone dejar de lado el autogobierno». En este sentido, subrayó que ahora «se va a gastar un 10% menos sobre el presupuesto inicial de 2011, lo que equivale al 1,7% del PIB, es decir 3.845,48 millones según la memoria presupuestaria, una vez descontados los gastos fiscales». ELA insiste en que esta «política de recortes» está dirigida «al debilitamiento del sector público, lo cual produce más paro, precariedad y peor la calidad de vida». GARA