Ganar la paz, de ello hablaba no hace mucho Rubalcaba, es un objetivo que se plantea tras el fin de las manifestaciones violentas del conflicto, pero que da por sentado la continuación del mismo bajo otras formas. Afecta a la relación de fuerzas de las partes en conflicto, a sus reivindicaciones, a los distintos discursos sobre las causas de éste, siendo por ello conflictivo en sí mismo. Pero presupone un cierto acuerdo de voluntades, por lo que es incompatible con la imposición del discurso sobre las causas del conflicto y la creación artificial impuesta por la fuerza de la supremacía de una de las partes. Si no, no estaríamos hablando de paz, sino de derrota y de rendición, términos propios de la guerra.

Pues bien: hasta ahora los pasos hacia la paz se han dado en una de las partes, mientras que en la otra lo que ha continuado en vigor con muy contadas excepciones ha sido el lenguaje de la guerra. ¿En qué proceso de paz se ha seguido deteniendo a miembros del grupo que ha manifestado su voluntad de abandono definitivo de la lucha armada? ¿En qué cabeza cabe que se siga procesando incluso a gentes sin vinculación alguna con la violencia en base a hechos de opinión, gentes que militan en organizaciones que están presionando para que desaparezca el grupo armado?

Voces amigas han expresado sus dudas razonables de que ETA no quiera renunciar a su existencia para, desde el abandono de la lucha armada, seguir influyendo en el proceso político. Si así fuera, ello sería incompatible con el acuerdo de Gernika, que obliga a mantener una actitud reivindicativa ante ETA y no acomodarse a sus ritmos. Pero yo creo que no es así, que las presiones de Gernika están dando su frutos. Una organización que renuncia a sus fuentes de financiación -véase el llamado impuesto revolucionario- y que exige al Gobierno que investigue a través de personalidades de reconocida solvencia como son las del Grupo Internacional de Contacto el abandono de la violencia, es obvio que ha programado su desaparición a plazo fijo. Pero Gernika obliga también a ser reivindicativo ante los gobiernos español y francés. Y aquí el desprecio ha sido la norma. ¿Qué es la afirmación de que la verificación la están llevando a cabo la Policía Nacional y la Guardia Civil sino un lenguaje de guerra y una broma de pésimo gusto?

Conseguir la paz exige un pacto de convivencia fruto de un acuerdo de voluntades entre fuerzas nacionalistas y no nacionalistas. Cómo ganarla de modo favorable a los intereses nacionales vascos es un tema abierto a discusión, al que yo aporto mi punto de vista.

El campo del nacionalismo vasco de izquierdas se está reagrupando, para lo que la participación de Aralar en la actual coalición electoral es un paso de gigante; una decisión que le honra por los problemas que puede acarrearle tanto a nivel interno como en la Comunidad Foral. Su presencia en el cauce común tendrá efectos que van más allá del reforzamiento reivindicativo del acuerdo de Gernika en las dos direcciones. Profundizará el carácter plural de la izquierda abertzale, y será en tal sentido un estímulo para eliminar los residuos de la tesis del bloque dirigente monolítico enunciada en 1983 que a tantos callejones sin salida llevó a aquélla con sus secuelas de militarismo, dirigismo y vanguardismo.

Queda por conseguir el gran acuerdo nacional entre las dos culturas de nacionalismo vasco, una de un siglo de duración y otra de medio siglo, la jeltzale y la de la izquierda abertzale, similar al que concluyeron el Sinn Féin y el SDLP irlandés; acuerdo necesario para poder hacer frente a los estados que no requiere en modo alguno que ninguna de las partes pierda su perfil. El no haber conseguido unificar ambas culturas en una misma coalición electoral, lo que estaba cantado, no supone en mi opinión mayor problema. En cambio, sería imperdonable no llegar a elaborar un acuerdo nacional de base, el cual no puede reducirse ni confundirse con un goteo de acuerdos puntuales parlamentarios.

Debe abordarse finalmente concluir un necesario pacto de convivencia entre nacionalistas vascos y no nacionalistas, lo que implica por supuesto el reconocimiento desde ya del dolor de las víctimas, de todas ellas, y su reparación. Pero también supone situar a ambas partes en un plano de igualdad, la cual hoy no existe. Expondré resumidamente las dimensiones de esta desigualdad, que reduzco aquí a tres, aunque podrían ser más:

1-La situación de privilegio de las minorías no nacionalistas: un colega mío, Asier Blas, ha manejado en su tesis doctoral el concepto de democracia supermayoritaria. En ésta, los agentes institucionales partidarios del status quo estatal que actúan en niveles inferiores al Estado -véanse las comunidades autónomas- tienen capacidad de veto sobre las decisiones mayoritarias tomadas en estos niveles. El listado las decisiones democráticas inhabilitadas por esta capacidad de veto de las minorías estatalistas es innumerable en el País Vasco, desde la decisión del enclave de Trebiñu de incorporarse a Araba hasta la resolución sobre el derecho a decidir del Gobierno Ibarretxe aprobada por mayoría absoluta en el Parlamento Vasco y rechazada sin contemplaciones por las Cortes españolas sin ser siquiera admitida a trámite.

2-El derecho de enemigo: la perversión del derecho en el Estado español queda de manifiesto si se lo compara con la actitud reciente de los estadistas noruegos, quienes decidieron que la matanza perpetrada por Breivik sólo debía ser combatida con más democracia. En España, en cambio, cada atentado ha sido seguido de una oleada de odio que exigía no el cumplimiento riguroso de las leyes, sino el endurecimiento de éstas hasta extremos inauditos, como si fueran gomas que pudieran estirarse hasta el infinito. La consecuencia de ello ha sido la destrucción del estado de derecho, y unas legislaciones penal y penitenciaria que baten todos los récords de ensañamiento y crueldad en el mundo occidental.

3-La violencia simbólica: los representantes institucionales y políticos del nacionalismo vasco vienen siendo sometidos a campañas mediáticas y políticas de ridiculización y demonización con el fin de deslegitimar sus reivindicaciones nacionales, mediante las cuales el centralismo se apropia del contenido de sus mensajes y los deforma a su antojo. La izquierda abertzale es la que sufrido más sistemáticamente estas maniobras, en una línea ininterrumpida que comenzó hace 30 años con Telesforo Monzon y conmigo, siguió con Jon Idigoras, y termina últimamente con Alfonso Sastre y Garitano. Pero no ha sido la única en sufrir sus embates: Arzallus e Ibarretxe han sido blancos privilegiados de esta violencia simbólica.

La superación de estas desigualdades, expresión de una continuada y antidemocrática opresión nacional, es un requisito obligado para sentar sobre bases firmes el necesario pacto de convivencia, plancha común desde la que cada parte puede legítimamente intentar ganar la paz.