PSE y PP acuerdan endurecer las exigencias para acceder a las ayudas sociales
PSE-EE y PP acordaron ayer elevar las exigencias para acceder a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) de forma que aquellas personas que lleven menos de tres años empadronadas en un municipio deberán acreditar cinco años de vida laboral para acceder a las prestaciones. Los parlamentarios de EA y EB-Berdeak coincidieron en mostrar su rechazo al considerar que la reforma acarreará un grave retroceso en el sistema de protección social.
GARA |
La consejera de Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, presentó el acuerdo junto con los parlamentarios del PP Antonio Damborenea y Laura Garrido, al término de la reunión de la ponencia que estudió la modificación de la actual Ley de Garantía de Ingresos y la Inclusión Social. Zabaleta rechazó que las nuevas exigencias supongan un «recorte» y aseguró que el «único endurecimiento que se contempla es hacia aquellos que quieren aprovecharse del sistema».
En este sentido, señaló que, según la normativa actual, un estudiante de 23 años que llegue a la CAV puede acceder a ayudas sólo con un año de empadronamiento, una situación que, a su juicio, «no gustaría a los ciudadanos vascos porque su solidaridad no es ilimitada».
La consejera insistió en que la nueva norma liga las prestaciones sociales al compromiso del solicitante para buscar empleo, ya que el sistema debe tener una «puerta de entrada y una de salida», ligada a la formación y al empleo.
Asimismo, explicó que los beneficiarios de RGI que no estén trabajando en programas de formación deberán colaborar en tareas de carácter social en situaciones de emergencia.
Estas labores se llevarán a cabo a través de convenios con organizaciones de voluntariado y ONG, aunque los detalles sobre las condiciones de las mismas se estudiarán en el desarrollo reglamentario de la ley, según explicó Zabaleta.
También se contempla revisar semestralmente la situación de los beneficiarios de ayudas, en lugar de cada tres meses como solicitaba el PP, y que dichas prestaciones se retiren en cuanto se rechace un empleo y no tres como se hace hasta ahora.
La reforma entrará en vigor el 1 de enero del próximo año y las rentas serán gestionadas a través del Servicio Vasco de Empleo-Lanbide.
Muestras de rechazo
Tras hacerse público el acuerdo, EA acusó a la consejera de «plegarse» a las exigencias del PP. Según aseguró el parlamentario de EA Juanjo Agirrezabala en un comunicado, el acuerdo supone un «retroceso» en el sistema de protección social que «va a dejar desamparadas a muchas personas en situación de necesidad».
El portavoz de EA en la Cámara defendió la validez del texto legal aprobado en 2008 y subrayó que las modificaciones «empujan a la economía sumergida». A su juicio, la reforma no constituye ninguna novedad porque el texto legal vigente vincula el cobro de las ayudas a la inclusión laboral de los beneficiarios de dichas prestaciones.
Asimismo, señaló que introducir en la ley la obligación por parte de las personas que reciben ayudas de hacer trabajos extraordinarios al servicio de la comunidad en situaciones de emergencia, evidencia que el Ejecutivo «no tiene programas ni proyectos».
Por su parte, el parlamentario de EB-Berdeak, Mikel Arana, anunció que votará en contra porque va a «aniquilar la protección social lograda en Euskadi a lo largo de los años y gracias a un amplio consenso».
Criticó el endurecimiento de los requisitos de acceso a la Renta de Garantía de Ingresos que «no hará sino empeorar la situación de las personas que se encuentran en peores condiciones».
Gemma Zabaleta rechazó que las nuevas exigencias supongan un «recorte» y aseguró que el «único endurecimiento que se contempla es hacia aquellos que quieren aprovecharse del sistema».
El acuerdo contempla revisar semestralmente la situación de los beneficiarios de ayudas y que dichas prestaciones se retiren en cuanto se rechace un empleo y no tres como se hace hasta ahora.
El diputado foral de Política Social de Gipuzkoa, Ander Rodríguez, reclamó ayer la paralización del Proyecto de Ley al considerar que «comete un grave error al derivar las competencias en materia de garantía de ingresos mínimos, desde los servicios sociales de base a los servicios de empleo».
Rodríguez ofreció una rueda de prensa junto al director general de Inserción Social y Empleo, Jon Lasa, en la que recordó que en Gipuzkoa hay un total de 10.124 perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos, el 42% de los cuales son pensionistas mayores de 65 años, sin relación alguna con el mercado laboral.
«Queremos mostrar nuestra oposición a esta modificación y pedimos al Parlamento su paralización porque es una barbaridad que puede tener consecuencias muy graves para las personas con más necesidades», recalcó Rodríguez.
El diputado consideró que los cambios propuestos en el proyecto de ley constituyen «una grave irresponsabilidad porque pueden impedir que se detecten casos de desprotección entre la ciudadanía».
Aclaró en este sentido que solicitar prestaciones económicas suele ser, en muchos casos, la razón por la que las personas «hacen un primer acercamiento a los servicios sociales de base» que, además de las necesidades económicas del demandante, también pueden detectar «otro tipo de problemas» como «una falta de escolarización, un maltrato doméstico, violencia intrafamiliar, o la necesidad de realizar una evaluación de dependencia». En su opinión, los técnicos de empleo no serán capaces de efectuar esta labor. GARA
