Grecia lanzó ayer un grito de socorro cuando su secretario de Estado de Finanzas, Filipos Sajinidis, aseguró que el país tiene dinero para pagar los sueldos públicos y las pensiones sólo hasta octubre, lo que supone un llamamiento a que se desbloquee lo antes posible el sexto tramo del rescate aprobado en mayo de 2010, unos 8.000 millones de euros.

Las palabras de Sajinidis hicieron saltar las alarmas, repitiéndose la secuencia habitual. Responsable que hace unas declaraciones preocupantes, desplome de los mercados -ver página 26- y estériles llamamientos a la calma y al «todo está bajo control» de otros líderes políticos y económicos.

Grecia vive instalada en el alambre de la incertidumbre, a la espera de que regresen a Atenas los inspectores de la «troika» conformada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE) y la Unión Europea (UE), que son quienes tienen la sartén por el mango.

El equipo de altos funcionarios, que había viajado a la capital para elaborar un quinto informe sobre la aplicación de un programa para, en teoría, sacar a Grecia de la crisis, suspendió su visita el 2 de setiembre. Oficialmente para dar tiempo al Gobierno a pulir algunas «cuestiones técnicas», si bien no faltó quien apuntó que se marcharon porque el Ejecutivo dijo «basta» ante tanta presión.

Si fue así, todo apunta a que finalmente el Gobierno ha tenido que dar su brazo a torcer. Los inspectores de la «troika» han de dar el visto bueno, en primer lugar, a la entrega de los mencionados 8.000 millones.

Y por otro lado deben prestar su conformidad al segundo rescate, de 160.000 millones, acordado el pasado 21 de julio en una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la eurozona y que tiene que ser todavía aprobado por los respectivos parlamentos de los socios de la moneda única.

Así que el Ejecutivo heleno continúa privatizando, recortando gastos y sacándose impuestos de la chistera para tratar de cuadrar las cuentas y satisfacer las exigencias de sus «rescatadores». Su última medida ha sido una nueva tasa sobre la propiedad inmobiliaria, que gravará las viviendas por unos cuatro euros el metro cuadrado.

Los fondos internacionales están sujetos al compromiso de que Grecia cumpla al pie de la letra un programa de reformas y privatizaciones para recaudar unos 78.000 millones de euros hacia 2015. Las calles son un hervidero de protestas sociales. Por ejemplo, los 27.000 taxistas del país comenzaron en la madrugada de ayer una nueva huelga de 48 horas contra la liberalización de la profesión.

Arenga de Papandréu

El primer ministro, Yorgos Papandréu, se reunió con su grupo parlamentario para pedirles respaldo. «Hemos recorrido mucho camino y no es posible que en el sprint final no aseguremos que se cumplirá con el acuerdo», manifestó ante los diputados del PASOK, que cuenta con 155 del total de 300 escaños.

«No daremos la satisfacción a aquellos que apuestan por la quiebra de Grecia ni a los que hacen escenarios imaginarios de la salida de Grecia del euro», añadió.

La bancarrota helena y su salida del euro no son ya temas tabú. La revista «Der Spiegel» aseguraba el domingo que el Gobierno alemán ya da por segura la quiebra y se prepara para afrontar la reestructuración de la deuda.

Los socios minoritarios del Gobierno de Merkel, el Partido Liberal (FDP) y la Unión Socialcristiana de Baviera (CSU), insistieron en mantener abierto el debate.

Philipp Rösler, ministro de Economía y presidente del FDP, publicó un artículo en el rotativo «Die Welt» en el que no descarta un derribo controlado de Grecia. Desde la CSU, su presidente y primer ministro de Baviera, Horst Seehofer, se pronunció a favor de expulsar del euro a aquellos países que no consigan controlar su deuda.

Estas declaraciones pusieron en un brete al socio mayoritario, la CDU. El portavoz del Ejecutivo, Steffen Seibert, señaló que «el Gobierno parte de la base de que Grecia está haciendo todo lo posible para cumplir con sus compromisos», y recordó que «los acuerdos en vigor no prevén ni una salida voluntaria de la eurozona o un proceso de expulsión».

En ese tira y afloja verbal, Seibert halló la compañía de la Comisión Europea (CE) y del Banco Central Europeo (BCE). «La respuesta es no», contestó el portavoz de Asuntos Económicos de la CE, Amadeu Altafaj, preguntado por la posibilidad de que la institución esté trabajando sobre un escenario de posible suspensión de pagos griega.

Desde el BCE, su presidente, Jean Claude Trichet, expresó su convencimiento de que Grecia va a cumplir los compromisos adquiridos de ajuste fiscal y reformas estructurales. «Es en interés de Grecia y de los griegos», destacó.

Mientras, la Unión Europea se estaría preparando para crear, probablemente en la cumbre que se celebrará el 17 y 18 de octubre, una Agencia Europea de Deuda que podrá emitir bonos respaldados conjuntamente por todos los países de la eurozona, aseguró la agencia Europa Press citando fuentes diplomáticas.