Aritz INTXUSTA

Alejandro Torres es catedrático de Derecho Público en la Universidad Pública de Nafarroa. Desde hace años se ha especializado en la financiación de la Iglesia católica en el Estado español. Sus estudios sobre la gestión de la famosa «casilla de la iglesia» en la declaración de la renta arrojan datos sorprendentes, como la desviación entre lo que contribuye una persona que marca una casilla a alguien que no lo hace. Esa diferencia, en el caso de Nafarroa, ha llegado a veces a superar el 15%. Es decir, que los católicos tienen un 15% más de dinero de media que los que no lo son. No obstante, Torres tiene claro que la principal vía de financiación pública de la Iglesia en el Estado español no emana de esa casilla: viene de la educación.

«Aproximadamente, lo que recauda la Iglesia a través de la renta ronda los 250 millones de euros anuales», explica Torres. «Pero además de la asignación tributaria, recibe fondos públicos a través de beneficios fiscales, la restauración de bienes patrimoniales que son de su propiedad y el concierto educativo». Este catedrático, a pesar de no tener cifras concretas, está convencido de que la principal vía de financiación de la Iglesia proviene de la concertación. «Ya me gustaría a mí contar con esos datos, pero los responsables de hacer públicas las cuentas son las comunidades autónomas y jamás se ha hecho un estudio consolidado», asegura. Bien es cierto que gran parte de ese dinero que proviene de la concertación se destina a pagar sueldos del profesorado y los gastos del centro pero, como dice Torres, «se trata de ingresos públicos con gestión privada que instituciones de carácter religioso emplean a su libre arbitrio. Y hablamos de cifras enormes, porque los alumnos de centros concertados se cuentan por millones». En este sentido, cabe remarcar que, en Nafarroa, uno de cada tres niños está escolarizado en centros concertados y que la mayoría de éstos es de orientación católica.

Bajo el paraguas de la crisis, el Gobierno navarro ha aprovechado para entrar con la tijera a recortar el gasto en la enseñanza pública. Al frente de la consejería se encuentra José Iribas, a quien se le considera miembro del grupo ultracatólico CyL. Junto a él, ha tomado las riendas del Servicio de Igualdad de Oportunidades, Participación Educativa y Atención al Profesorado otro adepto de Comunión y Liberación, Andrés Jiménez Abad. Las garantías de que esta pareja defenderá los intereses de una educación pública, gratuita y de calidad frente a los centros concertados de orientación católica o los privados son inexistentes. Su incardinación dentro de la Fraternidad de CyL les obliga a obedecer al «guía» de la «confraternidad navarra» (José Joaquín Garralda) o al jefe del movimiento a nivel global, el sacerdote Julián Carrón. Estos dos, a su vez, deben obediencia al Papa o, en este caso concreto, al delegado vaticano en Nafarroa, el arzobispo Francisco Pérez.

La preeminencia de sus valores religiosos por encima de la ideología política en Iribas es algo bastante conocido. Lo reconoció el propio consejero cuando participaba en una charla organizada por CyL en Iruñea. «La política es demasiado importante para dejarla en manos de los políticos», apuntó en la conferencia sobre la obra «El yo, el poder y las obras», un ensayo del fundador de CyL. A lo largo de esa conferencia, Iribas se pronunció sobre una serie de ideas que resultan comprometedoras para alguien con un cargo tan importante como la Consejería de Educación. A Iribas, según se recoge en la revista «Arbil», le alarma «la voluntad consciente manipuladora de las tendencias sociales» y la adopción de niños por parejas homosexuales. Frente a ello, el nuevo consejero apuesta por la «constructora de la sociedad: la familia compuesta por hombre y mujer». El fundador de CyL, Luigi Giussani, fue un obsesionado de la educación, una materia a la que dedicó diez años de su vida. Su visión de la misma es drástica: blanco o negro; o la educación permite al joven encontrarse con dios (alcanzar la infinitud) o no puede denominarse educación.

La pregunta clave es si el consejero tiene poder suficiente como para insuflar estos valores de tinte totalitario a los centros públicos navarros. Lo cierto es que sí tiene bastante poder y sus decisiones pueden tener un peso ideológico en este nuevo ciclo que se abre. En primer lugar, sus decisiones sólo necesitan de la aprobación del Ejecutivo y no tienen por qué pasar por el Parlamento foral, por lo que el eventual filtro de una unión de votos de PSN, NaBai, Bildu e I-E se descarta. Entre sus competencias destaca la de la reforma del Reglamento Orgánico de los Centros (el ROC), que según parece se acometerá en breve. El ROC afecta a todos los centros públicos de infantil y primaria en Nafarroa.

Entre otras cosas, el ROC determina cuál es el proyecto educativo de cada centro de enseñanza, es decir, hasta qué punto un colegio va a gozar de autonomía. Sería lo más parecido al ideario de cada centro. Esta capacidad para influir en qué y cómo se imparte cada materia en las escuelas y colegios se ve incrementada a través su potestad para determinar quién será el director y proponer las renovaciones. Por otra parte, el área que dirigirá Jiménez Abad es completamente nueva, por lo que no se conoce exactamente a qué va a dedicar sus esfuerzos el acólito de Iribas.

Triple financiación

La Fraternidad de Comunión y Liberación llegó al Estado español hace unos 25 años. Principalmente, tienen tres vías para financiarse. Por un lado, estarían las cuotas mensuales con las que se financia el movimiento ultracatólico. En este aspecto, cabe remarcar que algunos de sus miembros hacen «voto de pobreza», lo que en la práctica se parece bastante a la forma de organización del Opus Dei; es decir, entregan el total de sus ingresos mensuales a la fraternidad y, posteriormente, CyL les devuelve el dinero que necesiten para vivir dignamente.

La segunda vía, podría considerarse la oficial. Comunión y Liberación es un grupo aceptado como una tendencia de la Iglesia católica y, por tanto, está integrado dentro de la estructura vaticana, por lo que sus miembros ordenados sacerdotes reciben su sueldo directamente de la Iglesia. Asimismo, su obra social, que se regula a través de un holding que se conoce como La Compañía de las Obras (en el que se incluyen empresas y ONG), también puede recibir dinero de las arcas vaticanas para sus proyectos.

La tercera vía y la principal para obtener fondos es precisamente la Compañía de las Obras (CdO), que dirige José Miguel Oriol López-Montenegro. Según los datos que se ofrecen en la web oficial de la CdO en el Estado español, hay más de 200 empresas controladas por los «cielinos» (que es como se conoce a los miembros de Comunión y Liberación). En concreto, se incluyen dentro de la CdO al menos dos empresas navarras: Garralda Arquitectura (la compañía del responsable de CyL en Nafarroa, José Joaquín Garralda) y la Hospedería de Alesves.

La CdO tiene forma jurídica de asociación, a la que pueden acogerse personas físicas, pequeñas y medianas empresas y entidades sin ánimo de lucro. Además, se ha dotado a sí misma de la capacidad de promover nuevas empresas para continuar creciendo. Sin embargo, según sus estatutos, el fin no es únicamente económico, sino que pasa también por extender la «doctrina social» de la Iglesia, articulando desde el primer momento su forma de intervención con los poderes públicos. En consecuencia, la Compañía de las Obras es, por un lado, un conjunto de empresas destinado a financiar a Comunión y Liberación y, por otro, un lobby con intereses de promoción católica. Integrada dentro de la CdO se halla la editorial Ediciones Encuentro, también a cargo de Oriol, que es la principal vía de propaganda del ideario del fundador. Resulta significativo que, en febrero del año pasado, la CdO celebrase un Encuentro Internacional centrado en la educación, del que fue ponente Jon Juaristi, quien ha manifestado su «afecto» por Giussani, pero se desvincula de la fraternidad, aunque dice que son «sus amigos».

Las más de 200 empresas de la CdO en el Estado español sólo constituyen la punta del iceberg del holding de CyL. En realidad, hay aproximadamente 36.000 compañías y organizaciones sin ánimo de lucro que dependen de los «cielinos» en todo el mundo. Este lobby neoconservador es particularmente fuerte en Italia, donde nació. También ha arraigado con fuerza en países de Latinoamérica como Argentina, Brasil, Venezuela y Chile. En Europa, además del Estado español e Italia, sus tentáculos llegan al Estado francés, Polonia, Bulgaria, Portugal, San Marino y Hungría. Además, tiene sede en el paraíso fiscal de Suiza.