Desde hace 75 años el Estado español ha intentado ocultar sistemáticamente uno de los peores genocidios del siglo XX. Se habla de la Guerra Civil como si se hubiera dado un enfrentamiento entre hermanos, cuando en realidad se trató de un alzamiento militar (golpe de estado violento) contra un gobierno legítimo y posteriormente una planificación fría y premeditada para la eliminación de amplios sectores de la sociedad, que eran los que defendían la libertad y la democracia y se oponían a la dictadura franquista, considerados por ésta como un virus que había que exterminar.

Hace 75 años tuvo lugar un alzamiento militar ilegal, un golpe fascista, que desencadenó la guerra criminal franquista del 36 y el posterior exterminio de cientos de miles de seres humanos.

En Euskal Herria quedan por esclarecer las circunstancias y las responsabilidades penales por más de 8.000 muertes por arma de fuego (crímenes de lesa humanidad). Se calcula que sólo en los primeros días del golpe unas 3.000 personas fueron ejecutadas en Nafarroa.

Quedan también por establecer la verdad, la justicia y la reparación para los miles de vascos muertos o heridos en bombardeos sobre población civil, para los más de 80.000 encarcelados e internados en batallones de castigo; para los más de 150.000 exiliados, para los 35.000 niños que tuvieron que ser evacuados, y un largo etcétera.

El 13 de septiembre se han cumplido 75 años de la entrada fascista en Donostia. En la capital de Gipuzkoa se han podido contabilizar hasta la fecha gracias a la labor de investigación de diferentes colectivos, entre los que se encuentra la Asociación Víctimas del Genocidio, casi 400 civiles fusilados, además de cientos de encarcelados y exiliados («Frankismoa Donostian. El Genocidio Franquista en Donostia». Iñaki Egaña-Asociación Víctimas del Genocidio).

Desde hace décadas somos muchas las asociaciones de víctimas del franquismo, memoria histórica, familiares, etc. que, en Euskal Herria y otros lugares, venimos reclamando verdad, justicia y reparación, además de garantías de no repetición.

En este sentido, creemos que, ante la falta de interés en el Estado español por investigar los crímenes fascistas, es necesaria la creación de una comisión de la verdad que saque a la luz los crímenes de lesa humanidad del franquismo.

En esa misma línea de esclarecimiento, es importante la existencia de precedentes internacionales como la resolución de la Cámara Federal Argentina, que por primera vez permitirá juzgar los delitos y crímenes de la dictadura franquista española en un país extranjero.

Esta Cámara Federal plantea también que la investigación se extienda del 17 de julio de 1936 al 15 de junio de 1977 (después de 1977 también, ese estado heredero de Franco ha seguido utilizando el crimen y el delito; GAL, Batallón Vasco español, guerra sucia, torturas sistemáticas, etc.), además, los denunciantes instan a los jueces a que envíen un exhorto al Gobierno español para determinar en qué estado se encuentran las investigaciones de los crímenes cometidos por el franquismo, exigiendo los nombres de ministros, dirigentes de Falange o de otras fuerzas represivas que fueron parte de la dictadura y que llamen a declarar a víctimas y testigos.

Algunos dicen que la mayoría de los represores están muertos. Y no es cierto, si ahora se investigara sólo hasta 1977, imaginemos la cantidad de ministros, jueces y miembros de las Fuerzas Armadas que podrían ser imputados. La pregunta es ¿se atreverá algún juez español a realizar, de verdad, alguna investigación de este tipo?

Siguiendo con la resolución de la Cámara Federal, en el caso de que Argentina solicite la extradición de responsables de los crímenes franquistas, ¿que hará el Estado Español? ¿Se negará? Si así fuera, todos los que sean acusados en este proceso no podrán salir de sus fronteras, porque correrían el riesgo de ser detenidos. España se convertiría en su único refugio.

Esto podría crear a nivel internacional una imagen negativa muy fuerte con respecto a la «democracia española», que haría crecer, a nivel interno y externo, el clamor de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición .

También, es necesario recordar los llamamientos de Amnistía Internacional y Derechos Humanos de la ONU al Gobierno español, recordándole que «siguen sin cumplir sus compromisos con la legalidad internacional» al no incluir en su modificación del Código Penal el delito de desaparición forzada conforme a la definición de la Convención de Naciones Unidas para la Protección de las Personas ante la Desaparición Forzada.

Hay que tener en cuenta que la Ley de «Auto-Amnistía» de 1976 no será un impedimento, porque esa ley no puede proteger este tipo de delitos. Además de crímenes políticos, son crímenes de lesa humanidad. No hay un obstáculo legal en el Estado español, sino uno político y otro judicial que son inexplicables e inasumibles.

Queremos saber qué pasó con nuestros familiares y donde están sus restos. Queremos saber quiénes fueron los responsables de su asesinato. Queremos que se haga justicia y sobre todo queremos que los responsables militares y políticos de ese genocidio sean, por fin, juzgados por un tribunal, si es internacional mejor, que repare esta injusticia histórica.

Por todo ello, realizamos un llamamiento a todas las instituciones públicas para que den los pasos necesarios en este sentido, facilitando el cierre de las heridas todavía, 75 años después, abiertas. Los cientos de miles de víctimas del terrorismo franquista merecen justicia y nosotros no descansaremos hasta que se haga realidad.

En esta línea de recuerdo y reivindicación, nos volveremos a reunir el próximo 17 de septiembre en el Boulevar donostiarra (Boulevar Víctimas del Franquismo) a las 12.30 para seguir reclamando verdad, justicia y reparación, incluidas garantías de no repetición.

Os esperamos.