Mañana se sabrá si la Audiencia Nacional absuelve a los imputados en el «caso Bateragune», como demanda la mayoría política y social vasca, o si los conde- na, como pedía el fiscal, que solicitó penas de diez años de cárcel para Arnaldo Otegi y Rafa Díez, nueve para Miren Zabaleta, y ocho para Arkaitz Rodríguez y Sonia Jacinto.

Para una parte mayoritaria de la opinión pública vasca, los imputados en este caso son los impulsores de un cambio histórico en la izquierda abertzale y de la apuesta por el uso exclusivo de las vías democráticas y la acumulación de fuerzas, que abrió la puerta a la actual situación política.

Para el Gobierno español, que ordenó su detención, y para la Fiscalía, los acusados -pese a todo lo declarado en el juicio- siguen defendiendo una «estrategia político-militar», porque «aquí nadie ha pedido que desaparezca la violencia, sólo se ha pedido su cese». Por si las reflexiones políticas expuestas por los abertzales hubieran abierto algún resquicio en el tribunal, el fiscal Vicente González Mota se dirigió directamente a ellos para pedirles que «no apliquen a los acusados un criterio de `vamos a darles una oportunidad'»

Un juicio explicativo

Las sesiones del juicio, que se celebró entre el 27 de junio y el 7 de julio, sirvieron para que los imputados (en especial Arnaldo Otegi), algunos testigos (como Rufi Etxeberria) y los abogados defensores expusieran ante el tribunal y la opinión pública el cambio de estrategia de la izquierda abertzale, sus razones y sus objetivos.

El rechazo al uso de la lucha armada y la irreversibilidad de esta apuesta fueron ampliamente recogidos por los medios de comunicación.

Quienes en su día defendieron la operación policial propiciada por el Gobierno de Zapatero, como el PSE, presentan ahora en las Juntas Generales de Gipuzkoa enmiendas para que la sentencia se adecue a «la realidad social». Algo que «preocupa al PP», según manifestó ayer la presidenta del Parlamento de Gasteiz, Arantza Quiroga.

Nadie pone en duda el giro dado por la izquierda abertzale en los últimos dos años. Lo que mañana por la mañana se conocerá es si la Audiencia Nacional, con todo lo que representa, cree que lo que en Euskal Herria es celebrado debe ser condenado con cárcel.