La Audiencia Nacional española dejó en libertad a la abogada Arantza Zulueta, que permanecía en prisión desde el pasado 14 de julio. En un auto notificado ayer, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal revocó así el auto de prisión que dictó el juez Fernando Grande-Marlaska devolviendo a Zulueta, que ya estaba imputada por un delito de «integración en organización terrorista», a la situación procesal que tenía desde el 2 de diciembre de 2010, cuando el mismo tribunal la dejó en libertad bajo fianza de 60.000 euros.

La resolución judicial, de la que ha sido ponente la magistrada Ángeles Barreiro, justifica la puesta en libertad al considerar que durante los siete meses en los que Zulueta permaneció fuera de la cárcel no consta que realizara «actividades que supongan una reiteración delictiva, en apoyo de la organización terrorista».

«Sin perjuicio de apreciar cumplidamente el ahínco del instructor, los indicios desvelan todo lo más una confirmación de la atribución provisional» del delito, «pero desde luego no en un plano de actualidad, resultando difícil establecer una continuidad en la conducta ilícita para acordar la prisión provisional en orden a impedir su reiteración», señala el auto.

La Sala concluye que, «siendo innegable su arraigo ejercitando la Abogacía, disponiendo de domicilio conocido y estable, y habiendo depositado una fianza en metálico y no habiendo variado la imputación provisional, procede alzar la medida de prisión».

Detenida en dos ocasiones

La letrada bilbaina fue detenida en abril de 2010 acusada de formar parte del «colectivo Halboka», supuestamente encargado del «control del colectivo de presos» de ETA, e ingresó en prisión el día 19 de ese mes. El 2 de diciembre de 2010 la Sala ordenó su puesta en libertad bajo fianza.

Detenida nuevamente el pasado 13 de julio en relación con un documento intervenido en esa operación, Marlaska volvió a enviar a Zulueta a prisión, pero el tribunal ha estimado ahora que es el mismo delito del que se la acusó inicialmente y que, además, en el tiempo que estuvo en libertad -de diciembre a julio- no reincidió en él.

Tras la operación desarrollada en abril de 2010, Marlaska envió a prisión, además de a Zulueta, a los también abogados Jon Enparantza e Iker Sarriegi, así como a Naia Zuriarrain y a la portavoz de Etxerat Saioa Agirre, además de a otras seis personas, todas ellas ex presas o familiares de represaliados políticos. Sobre todos ellos pesaba la genérica acusación de «integración» o «colaboración» con la organización armada vasca.

Tras la detención de Zulueta, la Asociación de Abogados de Euskal Herria, Eskubideak, declaró que el arresto y envío a prisión de Arantza Zulueta, respondía «única y exclusivamente a la patológica obsesión del magistrado Grande-Marlaska, por detener y encarcelar a abogados que habitualmente defienden a disidentes vascos».