La cárcel de Zaballa, que ayer fue inaugurada por la secretaria de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, comenzará a acoger a presos a finales de año, después de comprobar que todos los sistemas de seguridad instalados en la prisión se encuentren operativos.

Gallizo, al igual que hizo cuando visitó las obras de la nueva cárcel de Iruñea, destacó que las nuevas cárceles están destinadas a acoger a los presos que actualmente se encuentran en las prisiones antiguas. En el caso de Zaballa, se procederá a llevar allí a los presos de Langraiz «y a ninguno más».

De este modo, Gallizo quería hacer frente a las críticas de colectivos que denunciaron que la construcción de una macrocárcel de esta capacidad excede con creces «las necesidades penitenciarias» de Araba. Actualmente, en Langraiz hay 694 presos y la cárcel de Zaballa tiene capacidad para al menos 1.440. Según datos de Salhaketa, los presos con residencia en Araba son unos 500, por lo que la cárcel de Zaballa prácticamente triplica las «necesidades penitenciarias» de este herrialde.

Por tanto, la cárcel de Zaballa, al igual que la nueva de Iruñea, parece destinada a aliviar la masificación existente en el conjunto de las prisiones del Estado español.

Colectivos como Salhaketa han denunciado que trasladar a presos de otras zonas del Estado a las nuevas cárceles instaladas en Euskal Herria complicará la reinserción de los presos, ya que al encontrarse a cientos de kilómetros de sus hogares aumentará el desarraigo.

Este hipótesis se refuerza teniendo en cuenta que Gallizo desmintió ayer categóricamente que la nueva cárcel de Zaballa vaya a acoger presos políticos vascos. «En Nanclares sólo hay presos de ETA que se han desmarcado o han sido expulsados de la organización, por lo que son personas fuera de esa organización y es complicado llamarlos presos de ETA. No va a venir ninguna oleada de internos de ninguna organización terrorista», dijo.

Mercedes Gallizo tampoco confirmó cuándo se procederá a cerrar la vieja cárcel de Langraiz, que seguirá manteniéndose como «centro de inserción» para albergar a presos en régimen abierto hasta que se alcance un acuerdo con el Ayuntamiento de Gasteiz para instalar un centro de estas características en la capital alavesa.