Las Juntas Generales de Gipuzkoa aprobaron ayer tarde una enmienda transaccionada por Bildu, PSE y Aralar, a una propuesta de resolución de esta última formación, en la que instan a la Diputación a adoptar un conjunto de medidas que permitan «una mejor redistribución» de las cargas fiscales.

La transaccional, que obtuvo el apoyo de los proponentes, la abstención del PNV y el voto en contra del PP, reclama a la Diputación adoptar medidas de avance en la tributación de la riqueza, tales como el reestablecimiento de un nuevo Impuesto sobre el Patrimonio, el aumento en la tributación de las sucesiones, o el del tipo general de impuestos sobre transmisiones patrimoniales.

También plantea medidas de corrección de tratamientos del IRPF, incrementando la tributación de las rentas de capital, aumentar el número de tramos de la escala para «ganar en progresividad aumentando notablemente el tipo máximo» y reducir las aportaciones realizadas a favor de sistemas de previsión social hasta suprimirlas totalmente a lo largo de esta legislatura.

Las Juntas Generales de Gipuzkoa también piden a la Diputación una reforma del Impuesto sobre Sociedades, la revisión de la eficacia de algunas deducciones y regímenes especiales y por tanto su vigencia, así como que tenga en cuenta el mantenimiento y creación de empleo «de calidad» como elemento fundamental para acceder a deducciones.

Proponen asimismo medidas contra el fraude fiscal que incluyan, entre otras acciones, la interconexión informática de bases de datos de las haciendas forales y un plan de prevención y detección de bolsas de fraude, así como mayores sanciones tributarias para disuadirlo.

Además, se reclaman medidas contra la elusión fiscal, corrigiendo las normas tributarias que eviten diseños de ingeniería fiscal dirigidos a eludir responsabilidades fiscales, reconsiderando el tratamiento de las retribuciones en especie por trabajo personal y modificando el de las rentas irregulares, entre otros aspectos.

Sistema «muy injusto»

Durante el debate de la iniciativa, la portavoz de Bildu, Idoia Ormazabal, aseguró que el sistema fiscal que existía hasta ahora resultaba «muy injusto» porque las rentas de trabajo y de capital no pagaban impuestos por igual, por lo que era necesario «un principio de equidad» para lograr una mayor progresividad y que «los que más tienen paguen más».

La procuradora del PSE-EE Rafaela Romero dijo que mantener el Estado de Bienestar «es cuestión de números y de decisión política» como la que han mostrado las «fuerzas progresistas» en Gipuzkoa.

Romero resaltó asimismo la importancia de detectar el fraude fiscal y de establecer planes de inspección para ello, y alertó de la posibilidad de que el resto de diputaciones se niegue a compartir sus datos fiscales, actitud que calificó de «no transparente» y «caciquil».

La representante de Aralar Rebeka Ubera se felicitó por la aprobación de esta iniciativa, que consideró «una buena ocasión para empezar la legislatura de otra manera».

Por su parte, Itziar Agirre, del PNV, criticó la «falta de concreción» de la propuesta, si bien se mostró dispuesta a debatir algunos puntos y llegar a acuerdos en materias como la lucha contra el fraude.

El representante del PP Juan Carlos Cano reclamó, por su parte, una fiscalidad armonizada con el resto de territorios que permita favorecer la competitividad empresarial.

Precisamente, el resto de territorios han dejado claro que no están dispuestos a reformar el sistema tributario para subir los impuestos a las rentas más altas. En la última reunión del Órgano de Coordinación Tributaria celebrada la pasada semana, la Diputación de Bizkaia ya se posicionó en contra de las propuestas efectuadas en este sentido por Patxi López. Además, el PNV ha alcanzado un acuerdo con el PP que circunscribe los cambios fiscales a la lucha contra el fraude, sin ninguna reforma en los tributos.

Por su parte, el diputado general de Araba, Javier De Andrés, mostró el pasado martes su voluntad de mantener los actuales niveles de exigencia tributaria argumentando que «los contribuyentes agradecen que haya estabilidad fiscal».

De Andrés llegó a afirmar que el incremento de la exigencia fiscal por parte de las Juntas de Gipuzkoa constituía «una buena noticia para Araba, porque lo haría más atractivo para trabajar y para desarrollarse profesional y empresarialmente».

En Nafarroa, el PSN con UPN

Mientras en Gipuzkoa el PSE sumó ayer sus votos a los de Bildu y Aralar para redistribuir las cargas fiscales, en Nafarroa, el PSN apoya la política fiscal del Gobierno de UPN cuya presidenta, Yolanda Barcina, aseguró el martes en Madrid que «no va a penalizar» a sus ciudadanos con nuevos impuestos o a propiciar «que se deslocalicen rentas».

Respecto al Impuesto de Patrimonio, Barcina reiteró que Nafarroa «esperará» a ser «la última región» del Estado español en proceder a su aplicación.