Llevábamos algunos meses de debates, intentando buscar la mejor manera de conformar en Gasteiz un movimiento eficaz en la defensa de los derechos civiles y políticos, buscando definiciones adecuadas, tratando de acertar en el diagnóstico local de los límites a su ejercicio, y lo más difícil, queriendo aportar algo nuevo a la larga, profusa e imaginativa historia de luchas y reivindicaciones de este pueblo. Lo hacíamos poco a poco, conscientes de que por mucho que en algunos ámbitos políticos se estén dando en los últimos tiempos variaciones sin duda significativas, la tendencia mundial y local es hacia el control y la seguridad en detrimento de esas garantías individuales y colectivas tan pomposamente recogidas en los tratados internacionales del pasado siglo.

En primavera considerábamos ya que estábamos preparados para dar los primeros pasos de socialización de las ideas y para la puesta en marcha de tareas y objetivos. Y ahí nos tropezamos, precisamente, con esa realidad que queremos denunciar y cambiar. Hablamos de límites a la participación, de una gestión de los derechos y las libertades públicas que parte de la premisa de considerar presunto delincuente a todo aquel agente o individuo que se quiere expresar, que ve peligro en la participación de la ciudadanía, que cierra el debate y el contraste de ideas entre paredes...

Entendimos que en julio no pudiéramos utilizar la plaza de los Fueros para nuestro acto de presentación, porque estaba ocupada todos los fines de semana con actividades con las que se hacía muy difícil compartir el espacio (juegos...). Pero no podemos entender ni mucho menos compartimos que nos digan que las dos principales plazas públicas de la ciudad (Fueros y Virgen Blanca) «están reservadas sólo a la iniciativa institucional». Nos sugerían Arriaga, o sea, nada que ver con el centro de la ciudad que algunos consideran su saloncito particular. También nos hicieron la misma «sugerencia» cuando les comunicamos nuestra intención de hacer una mesa redonda en las Burullerías, para la que nos negaron el permiso, seguramente porque el Ayuntamiento ha puesto ese espacio público en manos privadas.

Son apenas unos granos de arena en este desierto en el que democracia participativa es sólo una expresión hueca. Son ejemplos aislados del ansia de control del espacio público que ciega a los responsables políticos del mundo, de Euskal Herria, de Gasteiz. Es la muestra de que las instituciones públicas, en lugar de velar por la salvaguarda de los derechos de todos y todas, lo que debería ser su máxima función, actúan como señoritos en su cortijo. Y son, en definitiva, algunas de las razones por las que consideramos necesario un movimiento en defensa de los derechos civiles y políticos, que asiente firmemente sus raíces en esta sociedad, demasiado acostumbrada a pedir permiso para no pedir perdón, a aceptar que las vidas, hasta en los espacios más íntimos, estén reguladas a golpe de ley.

Y tal y como se acepta la intromisión del Estado en nuestras vidas, con más facilidad si cabe se tolera que se restrinjan libertades colectivas bajo el palmario argumento de la «salvaguarda de la seguridad». El filósofo Santiago Alba Rico denunciaba en uno de sus artículos la pasividad de la sociedad española ante la sucesión de medidas de excepción contra el independentismo en Euskal Herria: «Tan acostumbrados estamos los ciudadanos del Estado español a aceptar la excepcionalidad jurídica y política del País Vasco que no reparamos en que de hecho está ya fuera del `marco democrático' que no le deja escapar. Tan acostumbrados estamos a esta extraterritorialidad legal que es posible extender su dominio fuera de los raíles cada vez un poco más sin que nadie se inmute: después de todo, sólo afecta a los que han hecho algo o podrían hacerlo o podría pensarse que llegaran a pensar hacerlo». La democracia española, como Franco, no tiene nada contra los que no se meten en política: a ésos incluso les deja votar. Pero podríamos extender esa crítica al centro de la propia sociedad vasca, donde se tolera de forma acrítica, cuando no se defiende con vehemencia, toda norma legal y actuación que provenga de la autoridad competente.

Entre las actividades que hemos realizado previamente a nuestra presentación en sociedad, proyectamos una película, «Caza de brujas», que relata las declaraciones ante el denominado Comité de Actividades Antiamericanas de cineastas, escritores, periodistas, funcionarios... que fueron acusados por el senador McCarthy de sentir simpatía por el comunismo. Se trata de unos hechos ocurridos en EEUU y a mediados del siglo XX, pero más de medio siglo después, en Euskal Herria, seguimos viendo cómo las autoridades, en sus distintos ámbitos de actuación, limitan o suspenden derechos civiles bajo el argumento de la necesidad de preservar la seguridad. Lo hemos visto con planes y leyes de marcado objetivo político, desde el plan ZEN hasta la Ley de Partidos. Es patente en la cantidad y talante de las muchas policías que patrullan nuestras calles. Se hace evidente en la forma en que afrontan desde el poder experiencias de autogestión popular como son los gaztetxes.

Por eso, sintiéndonos herederos de años de lucha, auzolana, sufrimiento y avances, en Gasteiz vamos a trabajar para sacar a la plaza pública la defensa, la denuncia, el ejercicio de los derechos. Vamos a aunar voluntades, sumar compromisos, acumular sinergias. Como sociedad, nunca nos hemos conformado; en los peores momentos hemos aparecido unidos. Y ahora nos hemos dotado de miles de ladrillos con los que levantar un muro popular que no es contra nadie, sino a favor de todos y de todas; que no limita, sino que queremos utilizarlo para proteger los espacios abiertos a las ideas y su defensa, a los proyectos y su puesta en práctica, a los colores y a los acentos.