Los representantes de la plataforma SOS Bebés Robados acudieron ayer a la Cámara legislativa de Gasteiz en busca de ayuda económica y política. Tres miembros de la agrupación se sentaron frente a los representantes de las diferentes formaciones políticas para reclamar soluciones y proponer iniciativas de cara a trabajar en el esclarecimiento del tráfico de neonatos, una práctica que afectaría, de momento, a 600 familias en la CAV.

La portavoz de SOS Bebés Robados en Gipuzkoa, Argiñe López, fue la primera en tomar la palabra frente a los parlamentarios presentes en la Comisión de Interior, en una cita que había sido solicitada por el representante de UPyD, Gorka Maneiro.

Durante su intervención, la representante de los afectados en Gipuzkoa, más de 300 según los datos ofrecidos por la plataforma, presentó una serie de propuestas con las que hacer frente a las dificultades burocráticas que se encuentran los afectados al solicitar información relacionada con las partidas de nacimiento y defunción de los bebés desaparecidos.

Entre dichas propuestas figura la apertura del banco de ADN, en el que se recogen las muestras de los afectados que han optado por interponer una denuncia, a todas aquellos que sospechen haber sido víctimas de una adopción irregular.

Además, López reclamó la puesta en marcha de una reforma legal para evitar que en un futuro se produzcan nuevos robos de bebés, y defendió la puesta en marcha de una Comisión de Investigación en torno a lo ocurrido. Una comisión propuesta ya por el parlamentario de EA, Juanjo Agirrezabala, que deberá pasar ahora por el dictamen del Pleno.

Sin embargo, la apertura o no de la citada comisión encendió los ánimos entre los afectados y el grupo del PNV. En opinión de los primeros, los jeltzales no quieren investigar lo ocurrido; para los segundos, la Cámara de Gasteiz no es lugar adecuado para llevar a cabo una investigación de carácter penal.

Para el PNV, la investigación de lo ocurrido compete a los tribunales de justicia y no a la Cámara de Gasteiz. En cuanto a los cambios legislativos, los parlamentarios jeltzales recordaron que el Parlamento de Gasteiz poco puede hacer para modificar las leyes de competencia estatal, postura defendida también por los portavoces del PSE.

Si el PNV dejó entrever durante el debate su oposición a la puesta en marcha de la Comisión de Investigación, hubo otros grupos que optaron por no mostrar sus intenciones frente a los portavoces de la plataforma SOS Bebés Robados.

A este respecto, cabe señalar que, pese a no explicarlo en la Comisión de Interior, el PP ha registrado una enmienda a la totalidad, en la que el apoyo a la Comisión de Investigación se reduce a una «muestra de confianza en el proceso judicial».

En el segundo punto de la citada enmienda, registrada por el parlamentario Borja Semper, los conservadores españoles añaden que «una vez conocida, en su caso, una resolución judicial, el Parlamento analizará la misma y adoptará las decisiones políticas y legislativas oportunas».

Por su parte, el grupo del PSE también ha presentado una enmienda a la totalidad contra la Comisión de Investigación solicitada por EA. En la misma, la parlamentaria Miren Gallastegui recoge que la Cámara de Gasteiz «valora positivamente» la labor de apoyo a los afectados por el robo de bebés que atribuye a la Dirección de Derechos Humanos del Ejecutivo de Lakua.

En el documento presentado ante la Mesa del Parlamento, la parlamentaria del PSE recoge que el robo de bebés se debe esclarecer a través de los procedimientos penales ya iniciados por la Fiscalía y los órganos judiciales competentes.

Una trama organizada

No obstante, la petición de ayuda formulada por la plataforma SOS Bebés Robados va más allá de la Comisión de Investigación. El abogado encargado de representar a los afectados ante los juzgados, Sergio Aparicio, recordó que los robos de neonatos, repetidos desde 1950 hasta 1997, constituyen un delito «muy grave» en el que se ha utilizado un modus operandi.

La misma postura fue defendida por López. A su parecer, el robo de bebés fue promovido por una trama organizada en la que se repiten patrones comunes. Habló de una mafia en la que un grupo indeterminado de monjas, médicos y matronas buscaban, mediante el rapto de los neonatos, un enriquecimiento económico. Dijo que el lucro monetario lo conseguían a cambio de vender los bebés de madres solteras que acudían solas a las clínicas, públicas y privadas, para dar a luz.

Asimismo, el responsable legal de la agrupación SOS Bebés Robados en Euskal Herria subrayó que la responsabilidad final alcanza a «todos los que han estado gobernando» las diferentes instituciones durante las últimas décadas. De todos modos, Aparicio señaló que, desde el punto de vista legal, «hay una responsabilidad patrimonial» que afecta directamente al Estado español.