La grave enfermedad que padece Ibon Iparragirre Burgoa, reflejada en su ingreso en el Hospital de Basurto el pasado martes por una infección pulmonar con fiebre alta, llevó ayer a integrantes de Etxerat a comparecer en Bilbo para exigir su «inmediata puesta en libertad». También para aclarar que van a seguir trabajando «con toda nuestra fuerza y determinación en favor de los derechos de nuestros familiares, amigos y amigas. Los queremos en casa y vivos».

José Antonio Aranburu e Izaskun Abaigar, en euskara y castellano respectivamente, fueron muy contundentes al afirmar que el ondarroarra «necesita una asistencia sanitaria adecuada y permanente, ya que cualquier contagio puede ser irreparable. No puede seguir preso ni un minuto más. La vida de Ibon está en juego».

Junto a su madre y su compañera, los portavoces de los concentrados en la plaza del Arriaga criticaron el trato que están recibiendo los allegados del prisionero por parte de Instituciones Penitenciarias y la Policía autonómica. «Desde que fue trasladado a Basurto, la familia no ha podido estar con él. La actitud de la Ertzaintza, llevándolo esposado primero y poniendo toda clase de trabas tanto a él como a los abogados es inadmisible. Digno -remarcaron- de cualquier estado en donde los derechos humanos más elementales no existen».

Relataron que el letrado Alfonso Zenon sólo pudo estar con Iparragirre veinte minutos, sin tocarle y vigilado por dos ertzainas. Por ello, el abogado interpuso el miércoles denuncia en el Juzgado de Guardia.

Ayer, los familiares trataron de visitar al preso pero no lo consiguieron y, lo que estimaron más grave, no pudieron disponer de ninguna información médica acerca de su evolución.

Asimismo, explicaron que el preso se encuentra aislado en una habitación sin baño de Basurto y que para poder ir al servicio debe pedir permiso a los agentes que le custodian; una vez que lo logra, los ertzainas le acompañan hasta dentro. Tampoco tiene derecho a llamadas telefónicas ni dispone de una televisión u otro elemento que le haga más amena su estancia.

Ante esta panorama, desde Etxerat insistieron en que la vida del prisionero «corre serio riesgo mientras Instituciones Penitenciarias no da ningún paso al frente, la Policía autonómica pone todas las trabas que puede y los derechos de Ibon Iparragirre y sus familiares son pisoteados de forma evidente».

Incidieron en que este caso es la cara más cruel de la política penitenciaria, «esa -precisaron- que sitúa a nuestros familiares en grave riesgo y que vulnera derechos hasta provocar situaciones límite», como la que vive este vecino de Ondarroa.

«Mayor violencia política»

«El Gobierno español, a través de Instituciones Penitenciarias, está aplicando la mayor violencia política que existe actualmente en Europa. La política penitenciaria que sufren nuestros familiares, amigos y amigas supone la mayor violencia política que existe hoy en Europa», remarcaron desde Etxerat.

Los portavoces de la asociación añadieron que la política penitenciaria «no puede suponer un arsenal sobre el que se perpetúe la negación de un escenario sin vulneraciones de derechos. Asistimos a un escándalo político inmenso -subrayaron-, un enorme drama en lo que a la conculcación de los derechos humanos se refiere, y un grave ataque contra los deseos de una mayoría amplia y plural de la sociedad».

A pesar de que la vida de Ibon Iparragirre está en peligro debido a que su estancia en prisión le ha perjudicado gravemente al ser portador del VIH, censuraron que el Ejecutivo español e Instituciones Penitenciarias no muestren «el más mínimo grado de humanidad ni tampoco un mínimo respeto hacia los derechos humanos o los valores de la democracia y la paz».

En este sentido, advirtieron de que, mientras en Euskal Herria «multitud» de agentes políticos, sociales y sindicales empujan y trabajan para construir una solución democrática que posibilite el respeto de los derechos de todas las personas, «la actitud del Gobierno español está ocasionando un terrible sufrimiento a Ibon Iparragirre».

De ahí que les instaran a terminar con estas situaciones, liberando no sólo al vecino de Ondarroa, sino también al resto de presas y presos enfermos que en cumplimiento de la propia ley española debieran estar en su casa. Por ello, volvieron a repetir que «la política penitenciaria debe cambiar de raíz, ya que vulnera los derechos más elementales de manera flagrante y desprecia la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca».