Cierto olor a podrido en Nafarroa

No resulta habitual que representantes políticos sean pillados de manera tan flagrante como ha ocurrido en Nafarroa. El martes era el vicepresidente segundo del Gobierno de UPN-PSN, Álvaro Miranda, quien reconocía que efectivamente está cobrando cerca de 60.000 euros al año en dietas de Caja Navarra, buena parte de ellas desconocidas hasta ahora, a través de un órgano fantasma denominado Comisión Ejecutiva de la Junta de Entidades Fundadoras. Ayer la presidenta, Yolanda Barcina, también reconocía la evidencia, aunque evitaba a toda costa revelar la cantidad exacta de estas dietas para las que queda muy corta la denominación de sobresueldo, dado que suponen casi la misma cantidad que cobran por sus cargos institucionales. Falta oír aún las explicaciones del ex presidente Miguel Sanz, tan locuaz otras veces, o del alcalde de Iruñea, Enrique Maya, miembros también de ese órgano de tan escasa relevancia y tan pingües beneficios.

En una pirueta final inverosímil, Barcina intentaba ayer presentarse como la regeneradora del sistema al proponer a la caja que reduzca sus órganos, miembros y dietas, y plantear que la inefable Comisión Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras no se reúna más. Una vuelta de tuerca que sólo se explica desde la incapacidad de dejar de tomar el pelo a la ciudadanía o desde una convicción de que en Nafarroa todo está atado y bien atado por siempre y para siempre. Y es que en una cosa sí tiene razón Barcina: estos manejos ni son nuevos ni han suscitado el rechazo social que merecerían. Pero basta recordar casos como el de Gabriel Urralburu –políticamente un alter ego de Barcina– para constatar que la defensa del estatus esconde al final el apego a otros intereses, y que el afán de excluir a los abertzales sólo pretende eliminar testigos incómodos. Por eso lo que subyace tras estas dietas es algo más que un tema personal y concreto, lo que ocurre en Nafarroa es mucho más que un cierto olor a podrido puntual.